La JCF especificó que los estatutos incumplidos fueron las resoluciones 2021-39 y 2022-126, que corresponden al Plan Estratégico de Desembolso para el Fondo de Alivio de Coronavirus (CRF), establecido para el manejo de fondos relacionados a la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (Cares Act) y ARPA.

Denegada parte de solicitud de ASES

Por otro lado, la junta fiscal aprobó transferencias que totalizan $106,312,384 a la Administración de Seguros de Salud (ASES), pero denegó mover a la corporación pública otros $43,687,616 custodiados por OGP.

“Estos fondos deberán permanecer bajo la custodia de OGP y deberán ser solicitados de ser necesario. ASES debe identificar ahorros en futuras negociaciones y enmiendas contractuales para frenar el impacto a largo plazo de iniciativas recurrentes que han sido propuestas”, especificó el director ejecutivo de la junta fiscal, Robert Mujica, con relación a las transferencias rechazadas de los cuales $27,238,736 serían utilizadas como reserva.

En cuanto a la solicitud aprobada, se indicó que se condicionó su uso al pago de un incremento de tarifas del contrato de primer año de una Organización de Manejo de Cuidado (MCO, en inglés) que administra la prestación de servicios de salud bajo el programa Medicaid a beneficiarios de Plan Vital y añadir iniciativas adicionales en el segundo año de dicho contrato; otro aumento, en este caso en el pago total del contrato Platino para el año calendario 2024, y la inclusión de dos nuevas iniciativas no especificadas al mismo en el 2025.

Con la aprobación, el presupuesto de ASES ahora asciende a $742,515,384.

Avalan otras transferencias

Por otro lado, la JCF le dio el visto bueno a mover $10,456,950 de la cuenta de OGP al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para cubrir el pareo de fondos requerido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para un proyecto en el municipio de Ciales, de manejo de inundaciones en el cauce del Río Grande de Manatí, y otra de 29,883 para la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), para cubrir gastos relacionados a la liquidación de empleados.

Asimismo, el ente federal avaló una transferencia de $15,720,169 al Poder Judicial de Puerto Rico para mitigar el impacto del aumento que entró en virtud de la sección 8 de la Ley 101 del 2024, por medio de la cual se ajustó el sueldo anual de los jueces y juezas del Tribunal General de Justicia.

Según la distribución incluida en la misiva de la JCF, $14,336,679 serán destinados al aumento salarial y lo restante, $1,383,490, será utilizado para atender otros beneficios de la Judicatura.

Mientras que la junta fiscal también endosó otra transferencia, en este caso de $3,500,000, para la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres (OPM) para cubrir gastos relacionados con las iniciativas del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE).

En el caso del Negociado de la Policía de Puerto Rico, el ente federal aprobó extender hasta el 31 de mayo de 2025 el tiempo de vigencia de tres partidas destinadas para cubrir gastos relacionados a la Reforma policiaca.

Las partidas -una de $5,173,942, otra de $338,475 y una $1,087,583- permitirán a la Uniformada cubrir el primer año de un contrato para el uso de dispositivos de control eléctrico conocidos como “tasers”, y contratar servicios profesionales para adelantar la reingeniería de la agencia de ley y orden.