Por Redacción AGR News
agrnews1@gmail.com

La decisión del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) de compartir información sobre inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado preocupación y fuertes críticas en la isla. Diferentes sectores consideran que esta acción vulnera los derechos de los residentes extranjeros, especialmente aquellos con licencias de conducir provisionales.

La entrega de datos y el impacto en la comunidad migrante

Según informes recientes, el DTOP proporcionó información sobre aproximadamente 6,000 inmigrantes que habían obtenido licencias de conducir provisionales bajo la Ley 97-2013, una medida diseñada para permitir la movilidad de residentes sin un estatus migratorio definido. Sin embargo, esta divulgación de datos ha generado temor entre la comunidad migrante, en particular la dominicana, que ha enfrentado redadas y detenciones.

Hasta el momento, 445 inmigrantes han sido detenidos, de los cuales 81 han optado por la deportación voluntaria. Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre quienes tienen documentos provisionales y aquellos que permanecen sin regularización.

Reacciones políticas y sociales

Diversos líderes políticos y organizaciones de derechos humanos han expresado su rechazo a esta medida. El **Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)** ha presentado una propuesta legislativa para investigar el proceso seguido por el DTOP y exigir mayor transparencia en el manejo de la información de los inmigrantes.

Por su parte, grupos defensores de los derechos civiles advierten que esta acción podría socavar la confianza en las instituciones gubernando la integración de los inmigrantes en la sociedad puertorriqueña.

El futuro de la política migratoria en Puerto Rico

La controversia sigue en evolución, mientras organizaciones y sectores políticos presionan para que el gobierno aclare su colaboración con ICE y garantice la protección de los inmigrantes. Se espera que en los próximos días el gobierno ofrezca detalles sobre el alcance de esta política y las medidas que tomará para evitar represalias contra los afectados.