Por Redacción AGR News
agrnews1@gmail.com

El Senado de Puerto Rico aprobó por unanimidad la Resolución del Senado 172, impulsada por el senador del Distrito de Arecibo, Héctor “Gaby” González. La medida ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional a realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación de la Ley Núm. 22-2021.

Dicha legislación, conocida como la «Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico», establece una oficina adscrita a la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) con el propósito de facilitar la comunicación entre la comunidad sorda y las agencias gubernamentales, además de concienciar sobre sus derechos.

A más de tres años de su aprobación, han surgido preocupaciones sobre el cumplimiento de la ley, el funcionamiento de la Oficina Enlace y el uso adecuado de los fondos asignados. Las dificultades incluyen la escasez de intérpretes de lenguaje de señas, falta de capacitación en agencias gubernamentales y un desconocimiento generalizado de los derechos de las personas sordas.

«El acceso equitativo a los servicios gubernamentales es un derecho fundamental para todos, y es inaceptable que nuestra comunidad sorda siga enfrentando obstáculos tan básicos para ejercerlo,» expresó el senador González. «Con esta resolución, buscamos una auditoría completa para asegurar que la Ley 22-2021 esté cumpliendo su propósito».

La Comisión de Familia del Senado será la encargada de investigar el estado actual de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda, incluyendo el uso de los recursos, los servicios prestados y las limitaciones que afectan su operatividad. Las conclusiones de este análisis serán clave para establecer recomendaciones que garanticen el cumplimiento y efectividad de la legislación.