Por Redacción AGR News
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La comunidad puertorriqueña en el exterior ha alzado su voz con firmeza tras la sorpresiva destitución de cinco miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por parte del presidente Donald Trump, una acción que ha sido calificada como una afrenta directa al pueblo puertorriqueño y a los principios de transparencia y justicia fiscal.

Entre los destituidos se encuentran figuras puertorriqueñas de alto perfil como Cameron McKenzie, Juan Sabater, Betty Rosa y Luis Ubiñas, además del expresidente de la Junta, Arthur González. La decisión dejó a la JSF con solo dos integrantes activos: Andrew Biggs y John Nixon, lo que ha generado preocupación sobre el futuro de las negociaciones con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Organizaciones de la diáspora, como LatinoJustice, denunciaron la medida como una maniobra política que favorece a los fondos de inversión que poseen bonos de la AEE. “Esto profundiza el saqueo continuo de la isla”, expresó Lourdes Rosado, presidenta de la entidad, quien también advirtió que la reconfiguración de la Junta podría resultar en tarifas eléctricas más altas por décadas.

Expertos en economía y derecho han cuestionado la legalidad de la destitución, señalando que la Ley PROMESA establece que los miembros de la JSF solo pueden ser removidos “por causa justificada”. El exmiembro David Skeel sugirió que los afectados deberían impugnar la decisión en los tribunales, mientras que el economista José Caraballo Cueto calificó la acción como una muestra del trato colonial que aún enfrenta Puerto Rico. “Donald Trump está diciendo: ‘yo hago con esa colonia lo que quiero’. Ni siquiera va a seguir la Ley PROMESA”, afirmó.

La indignación se ha extendido más allá de los círculos políticos, convirtiéndose en un llamado de unidad entre puertorriqueños dentro y fuera de la isla. Para muchos, este episodio representa una oportunidad para reafirmar la lucha por la autodeterminación, la justicia fiscal y el respeto a la voluntad del pueblo.