Por Redacción AGR News
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La gobernadora Jenniffer González vetó mediante la modalidad de “veto de bolsillo” el Proyecto del Senado 655, una medida que buscaba prohibir el encarcelamiento prolongado de personas con condiciones de salud mental en espera de evaluación judicial.

La propuesta legislativa, aprobada por unanimidad en ambas cámaras, tenía como objetivo garantizar que cerca de 200 imputados con diagnósticos psiquiátricos no permanecieran presos durante años sin enfrentar juicio. De haberse convertido en ley, el proyecto habría establecido salvaguardas para asegurar procesos judiciales más ágiles y justos para esta población vulnerable.

Expertos en el sistema legal y de salud mental han denunciado que las evaluaciones de capacidad mental pueden tardar hasta un año, duplicando el límite constitucional de seis meses para celebrar un juicio rápido. Esta demora, advierten, perpetúa el confinamiento sin veredicto y sin garantías procesales.

El veto ha generado críticas por parte de senadores y organizaciones como la Sociedad para la Asistencia Legal, quienes lo calificaron como una muestra de “desdén” hacia los derechos humanos de los pacientes mentales encarcelados. La decisión, según los detractores, representa un retroceso en los esfuerzos por humanizar el sistema judicial y atender con dignidad a quienes enfrentan procesos penales bajo condiciones de salud mental comprometida.