Por Redacción AGR News
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La Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, presidida por el senador Gregorio Matías Rosario, celebró una segunda vista pública para examinar los avances —y las demoras— en la ejecución de la Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía y la Ley de Máquinas de Juegos de Azar. A pesar de los esfuerzos legislativos, hasta la fecha ningún agente retirado ha recibido fondos provenientes del fideicomiso.

Durante la audiencia, Matías expresó su preocupación por la falta de claridad en la distribución de los ingresos generados por las máquinas tragamonedas. “Los policías no saben qué está pasando. Hay desinformación. Quiero que el director de la Comisión de Juegos explique por qué no se ha implementado la ley, qué falta y qué está haciendo la policía”, señaló.

Juan Carlos Santaella, director ejecutivo de la Comisión de Juegos, informó que se han impuesto multas superiores al millón de dólares a negocios con máquinas no autorizadas. Además, se han aprobado 110 licencias de operador, lo que representa unas 18,456 máquinas legales en todo Puerto Rico. Hasta agosto de 2025, se han recaudado más de $7.3 millones, de los cuales cerca de $923 mil han sido asignados al fideicomiso policial.

Santaella también proyectó que los ingresos anuales podrían alcanzar los $40 millones para la Policía y $35 millones para los municipios, basándose en un promedio de $30 diarios por máquina. La ley permite añadir 10,000 máquinas en el tercer y cuarto año, lo que aumentaría significativamente los recaudos.

José Vázquez, en representación del Departamento de Seguridad Pública, indicó que la Policía ha desarrollado un programa de adiestramiento para agentes del orden público y empleados de la Comisión de Juegos. Se identificaron 358 policías del Negociado de Drogas para colaborar con la Comisión en la fiscalización de máquinas ilegales.

El director ejecutivo de la Junta de Retiro, Arnaldo Ortiz Miranda, aseguró que se ha establecido un marco legal robusto para administrar los fondos del fideicomiso, aunque aún se espera la transferencia de recursos por parte del Departamento de Hacienda. Ortiz explicó que el dinero será distribuido según los ingresos generados por las pensiones y el seguro social, con un 55% destinado a la Policía y un 40% a los municipios, una vez superados los primeros $12 millones recaudados.

Sin embargo, Ortiz también señaló que la Junta de Supervisión Fiscal ha impuesto restricciones que impiden la publicación del reglamento, lo que ha generado tensiones entre las agencias involucradas.

Rolando Meléndez Aponte, representante de la Oficina del Procurador del Ciudadano (OMBUDSMAN), informó que existen 52 reclamaciones activas de oficiales por deudas relacionadas con liquidaciones, horas extras y tiempo compensatorio, además de 18 casos adicionales por renuncia o cesantía. La senadora Nitza Morán Trinidad destacó la necesidad de presupuestar adecuadamente estos pagos para atender las reclamaciones de forma sostenida.

Luis Roberto Rivera, de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), confirmó que la Junta del Fideicomiso está prácticamente constituida y que se espera que sus miembros tomen juramento en la próxima semana, cuando también se celebrará una reunión inicial para establecer la agenda de trabajo.

La vista pública dejó en evidencia la urgencia de acelerar los procesos administrativos y financieros para garantizar que los policías retirados reciban los beneficios que les corresponden por ley.