Por Redacción AGR News
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La empresa New Fortress Energy (NFE) enfrenta serias acusaciones tras sustituir los remolcadores que escoltan sus tanqueros de gas natural por otros de menor capacidad en la Bahía de San Juan. Según siete de los ocho pilotos marítimos activos en la zona, esta decisión pone en peligro vidas humanas, la seguridad portuaria y la estabilidad económica del país.

Las preocupaciones se formalizaron mediante dos demandas presentadas ante el Tribunal de San Juan y el Tribunal Federal, dirigidas contra NFE y la Comisión de Practicaje de Puerto Rico. Los documentos legales revelan que, pese a haber acusado previamente a NFE de utilizar el suministro de gas como herramienta de presión para obtener un contrato ventajoso —detenido por la Junta de Control Fiscal— el gobierno habría respaldado la flexibilización de medidas de seguridad en el puerto.

Los pilotos señalan que los nuevos remolcadores no cumplen con los estándares internacionales ni con los acuerdos establecidos previamente, los cuales se basaban en simulaciones técnicas para garantizar maniobras seguras de embarcaciones que transportan gas natural licuado.

“La entrada y salida de buques gaseros sin los equipos adecuados representa una negligencia grave que amenaza vidas, infraestructura crítica y el bienestar económico de Puerto Rico”, advierte la demanda estatal.

En lugar de atender las advertencias, la presidenta de la Comisión de Practicaje, Jessica Ñeco Morales, emitió una orden de cese y desista contra los pilotos, acusándolos de violar la política pública que busca facilitar la operación de gas licuado en medio de la crisis energética. Además, los refirió al Departamento de Justicia por presuntamente interferir con las funciones de otro práctico al enviarle una carta con sus preocupaciones.

Desde su llegada a Puerto Rico, NFE ha incrementado el tamaño de sus tanqueros de 30,000 a 145,000 metros cúbicos. Debido al riesgo que implica operar embarcaciones de tal magnitud, la empresa había acordado utilizar cuatro remolcadores especializados. Sin embargo, en medio de dificultades financieras, cambió de contratista y redujo la capacidad de escolta.

Los pilotos solicitan al tribunal que se anule la orden emitida por la presidenta de la Comisión, que se impida el retiro de los remolcadores especializados y que los pagos por servicios de pilotaje se canalicen a través de la corporación que los agrupa, en lugar de a individuos.

La controversia pone en el centro del debate la tensión entre la seguridad marítima y las decisiones empresariales en tiempos de crisis energética.