Por Redacción AGR News
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El Senado de Puerto Rico dio paso a una propuesta legislativa que redefine los criterios para la asignación de escoltas a funcionarios y exfuncionarios públicos, con el objetivo de garantizar un uso más justo y eficiente de los recursos del Estado.

La medida establece que exgobernadores y exfuncionarios que hayan sido condenados por delitos, ya sean graves o menos graves, no podrán conservar escoltas oficiales. También se restringe este beneficio para candidatos a la gobernación o al cargo de comisionado residente, salvo que exista una amenaza real y actual contra su seguridad personal.

El proyecto recibió respaldo de senadores de todas las colectividades, incluyendo el Partido Popular Democrático (PPD), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y legisladores independientes. Coincidieron en que la iniciativa responde a exigencias ciudadanas de mayor transparencia y equidad en el uso de fondos públicos.

Durante el debate, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, expresó que aunque desconoce el futuro del proyecto en la Cámara de Representantes o si será firmado por la gobernadora, el Senado ha cumplido con su deber. “Cuando un trabajador nos reclame, tendremos la autoridad moral para decirle que actuamos”, afirmó.

La propuesta legislativa ahora se dirige a la Cámara para su evaluación y, posteriormente, a la Fortaleza. Con esta acción, el Senado busca eliminar privilegios innecesarios, fortalecer la confianza en las instituciones y redirigir los recursos hacia necesidades prioritarias del país.