Por Redacción AGR News
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El Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 63, una medida que propone modificar la Ley 141-2019 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El proyecto ahora pasa a la Cámara de Representantes, donde enfrentará nuevas evaluaciones antes de llegar al escritorio de la gobernadora Jenniffer González.

De convertirse en ley, las agencias gubernamentales tendrían hasta 20 días laborables para responder solicitudes en sus oficinas centrales, y hasta 30 días en las regionales. Además, se permitirían prórrogas de otros 20 días, lo que podría extender el proceso hasta 40 días hábiles, duplicando los plazos actuales.

Entre los cambios más debatidos está la eliminación del derecho ciudadano a recibir la información en el formato solicitado, lo que dificultaría el acceso a datos reutilizables o analizados. También se añaden requisitos de notificación considerados innecesarios por expertos en derecho y transparencia.

Las multas por incumplimiento se establecerían en $100 diarios, con un máximo de $18 mil, una cifra que organizaciones como el Centro de Periodismo Investigativo consideran insuficiente frente a los costos legales que enfrentan quienes litigan por acceso a información.

Diversos sectores han expresado preocupación por el impacto de esta medida en la fiscalización pública. Expertos advierten que el PS 63 representa un retroceso en los derechos de acceso a la información, debilitando herramientas clave para la participación ciudadana y el periodismo investigativo.