Por José Luis — Prensa Comunitaria
agrnews1@gmail.com

Una conversación filtrada ha puesto en el ojo público una presunta transacción clandestina relacionada con una caseta ubicada cerca de la estación marítima del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). La estructura, reconocida por tener la bandera de Puerto Rico pintada en su techo, habría sido vendida por una suma que oscila entre $800,000 y casi $1 millón, según fuentes del sector.

El supuesto vendedor, tras concretar el negocio, no ha vuelto a ser visto en la zona, ni siquiera en círculos espiritistas, según se comenta entre residentes. La operación habría ocurrido fuera de los canales legales, y se vincula a un comité informal que, alegadamente, maneja un mercado paralelo de estructuras en el litoral.

La filtración también menciona a contratistas conocidos en la región, identificados como Daniel y Lolo García, quienes habrían trabajado en la caseta “Alpha One”, vinculada al convicto federal Javier Marrero. Esta estructura habría sido transferida al propietario de Ferries del Caribe, en una transacción que, según se alega, ocurrió con conocimiento de algunos vigilantes del DRNA, quienes no intervinieron.

Además, se señala que compañías de bienes raíces con sede en San Juan podrían estar involucradas en la compra y reventa de casetas en La Parguera, utilizando pagos en efectivo para atraer a clientes exclusivos. Camiones con materiales de construcción han sido observados entrando y saliendo del área en horarios irregulares.

Esta semana se celebran vistas públicas sobre dos proyectos clave: uno que busca legalizar las casetas existentes en La Parguera, y otro que propone establecer un deslinde nacional para proteger el litoral. Durante las audiencias, representantes del DRNA defendieron la legalización de las estructuras, pero evitaron respaldar el deslinde, lo que provocó interrogantes por parte de senadores como Eliezer Molina, María de Lourdes Santiago y Thomas Rivera Schatz.

Los legisladores cuestionaron cómo el DRNA podría garantizar el cumplimiento de la nueva legislación, a lo que los representantes respondieron que serían los vigilantes quienes ejecutarían la supervisión. Llamó la atención que abogados con décadas de experiencia en la agencia no participaron en la defensa del proyecto.

Prensa Comunitaria ha recibido información de que la agencia enfrenta problemas estructurales que incluyen manipulación interna y falta de patrullaje efectivo por parte de los vigilantes. Uno de los casos más polémicos fue el cierre del expediente administrativo contra los suegros de la gobernadora, lo que ha sido interpretado como un ejemplo de impunidad institucional.

La situación en La Parguera continúa generando preocupación entre residentes, ambientalistas y legisladores, quienes exigen mayor transparencia y acción por parte de las autoridades.