Por Redacción AGR News
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La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) publicó su más reciente informe sobre los procesos competitivos del Gobierno de Puerto Rico, en el que reconoce mejoras sustanciales en la implementación de tecnología en las subastas de bienes, obras y servicios no profesionales.

Según el documento, el uso de herramientas tecnológicas ha transformado significativamente estos procesos, promoviendo mayor transparencia y eficiencia. “El país ya no está ante el modelo opaco que asociaba las subastas con corrupción, amiguismos y politiquería. Hoy existe trazabilidad, supervisión en tiempo real y un estándar uniforme que ha traído orden a procesos tan sensibles como el asfalto y la disposición de desperdicios”, afirmó Karla G. Mercado Rivera, administradora y principal oficial de compras de la Administración de Servicios Generales (ASG).

Sin embargo, el informe también advierte sobre importantes deficiencias en la contratación de servicios profesionales, especialmente en entidades que operan fuera del marco de la ASG, como la Universidad de Puerto Rico (UPR). Aunque la UPR goza de autonomía en sus procesos de adjudicación, Mercado Rivera subrayó que esto no la exime de cumplir con la Ley 73-2019, que establece parámetros uniformes para la contratación gubernamental.

“La UPR debía adoptar parámetros uniformes, pero bajo la pasada administración la propia Junta avaló que quedaran fuera del marco regulatorio. Hoy vemos las consecuencias de excluir a una institución de ese alcance: ausencia de reglas claras, controles débiles y procesos a discreción”, señaló la funcionaria.

En cuanto a los servicios profesionales, Mercado Rivera indicó que el problema radica en la falta de una regulación clara más que en la ausencia de competencia. “Un proceso competitivo, sin reglas uniformes, ni sistemas de información confiables que lo ejecuten, no garantiza transparencia”, explicó, destacando la necesidad de un marco normativo robusto y el uso adecuado de la tecnología.

La funcionaria concluyó haciendo un llamado a la equidad en la aplicación de los controles gubernamentales. “Si queremos elevar los controles del gobierno, el rigor no puede ser selectivo. No puede haber dos estándares: uno para ASG y otro para el resto del país. La integridad de los procesos públicos exige uniformidad para todos”, enfatizó.