Por Redacción AGR News
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El Tribunal de Primera Instancia reafirmó que los legisladores tienen la facultad de requerir información directamente a las agencias gubernamentales, amparados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019).

La determinación judicial responde a una solicitud del representante Ramón Luis Torres Cruz, quien pidió detalles sobre la escolta asignada a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced. Entre los datos requeridos figuraban el número de agentes asignados, sus salarios, pagos por horas extras, uso de vehículos oficiales y los gastos anuales relacionados con dicha escolta.

La Policía de Puerto Rico argumentó que parte de la información solicitada estaba protegida por confidencialidad y que Torres Cruz no había seguido el procedimiento interno establecido por la Cámara de Representantes. No obstante, la agencia sí remitió parte de los datos a la Comisión de Seguridad Pública.

Ante este escenario, la jueza Gloria De Jesús ordenó al Estado presentar en un plazo de cinco días las razones que justificarían mantener confidencial el informe solicitado. Además, otorgó 48 horas a la Comisión para certificar si los documentos requeridos fueron entregados al legislador.

Esta decisión refuerza el alcance de la Ley 141-2019 como herramienta para la fiscalización legislativa y el acceso a la información pública.