Por Redacción AGR News
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La gobernadora Jenniffer González Colón presentó ante la Asamblea Legislativa el Proyecto de Administración Número 107, una medida que busca transformar el proceso de reglamentación en Puerto Rico con el fin de reducir la burocracia, fomentar la participación ciudadana y promover un gobierno más eficiente y competitivo.

La iniciativa propone enmendar la Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), que regula la creación, enmienda y derogación de reglamentos en las agencias gubernamentales. Según la mandataria, esta reforma responde al compromiso de su Programa de Gobierno de modernizar los servicios públicos mediante la reingeniería de procesos administrativos.

El proyecto se inspira en modelos exitosos de otros estados como Florida, Arizona y Rhode Island, así como en el informe “Learning from State Regulatory Streamlining Efforts” del Center for Best Practices de la National Governors Association, que analiza reformas en ocho jurisdicciones estadounidenses.

Entre los cambios propuestos destacan:

• Creación del Boletín y Código de Reglamentos de Puerto Rico: Se establecerá una plataforma digital para publicar avisos reglamentarios y un compendio digital único con todos los reglamentos vigentes, alineando a la isla con el modelo federal del Federal Register y el Code of Federal Regulations.
• Declaración de Costos Estimados (DCE): Se exigirá un análisis económico previo cuando un reglamento tenga impacto fiscal significativo o afecte la competitividad de Puerto Rico. En esos casos, se utilizará un proceso de reglamentación negociada.
• Reglamentación Negociada: Se implementará un mecanismo de diálogo estructurado entre agencias y sectores impactados para lograr consensos antes de emitir reglamentos.
• Revisión Periódica Obligatoria: Las agencias deberán justificar cada cinco años la vigencia de sus reglamentos mediante informes regulatorios, siguiendo el modelo de Arizona.
• Incorporación por Referencia: Las agencias podrán adoptar reglamentos federales existentes sin necesidad de replicarlos, facilitando la armonización normativa.
• Proceso Ágil de Derogación: Se simplificará la eliminación de reglamentos obsoletos mediante una notificación formal al Departamento de Estado, sin necesidad de un reglamento derogatorio.
• Participación Ciudadana: Se permitirá a los ciudadanos solicitar vistas públicas y emitir comentarios por un periodo de hasta 30 días durante el proceso reglamentario.
• Lenguaje Claro: Los reglamentos deberán redactarse en términos comprensibles, evitando tecnicismos innecesarios.
• Límites a la Discreción Reglamentaria: Las agencias solo podrán reglamentar dentro de los márgenes establecidos por sus leyes habilitadoras, garantizando fidelidad al marco legal.

La propuesta también incorpora recomendaciones surgidas de la implementación de la Orden Ejecutiva OE-2025-009, que impulsa la eficiencia gubernamental. De ser aprobada, esta reforma representaría un paso significativo hacia un gobierno más transparente, participativo y alineado con las mejores prácticas administrativas del país.