Por Redacción AGR News
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La Administración de Familias y Niños (ADFAN) anunció que Casa Albizu recibió la acreditación oficial como Child Advocacy Center (CAC) por parte de la National Children’s Alliance (NCA), un reconocimiento que posiciona a Puerto Rico dentro de los estándares más altos de atención a menores víctimas de abuso sexual o maltrato severo.

La administradora de ADFAN, Wilma Ortiz Rivera, destacó que esta certificación representa un avance clave para la política pública dirigida a la niñez bajo la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón. Según explicó, el modelo acreditado garantiza intervenciones sensibles al trauma, centradas en el bienestar del menor y diseñadas para evitar la revictimización durante los procesos investigativos.

Ortiz Rivera subrayó que la acreditación confirma el cumplimiento de los rigurosos estándares nacionales que rigen los Centros de Atención Integral a Menores. Añadió que los servicios ofrecidos a través de los Centros PITI–Casa Albizu se fortalecen al incorporar prácticas basadas en evidencia científica y protocolos uniformes que aseguran intervenciones seguras, coordinadas y especializadas.

La funcionaria resaltó que el modelo CAC integra a múltiples agencias en un solo esfuerzo, lo que permite una colaboración más efectiva entre investigadores, fiscales y profesionales de la salud mental. Este enfoque, afirmó, mejora la respuesta institucional y brinda apoyo integral tanto a los menores como a sus familias durante procesos altamente sensibles.

Ortiz Rivera también señaló que esta acreditación abre la puerta a nuevas oportunidades de financiamiento federal y a iniciativas innovadoras que ampliarán la capacidad de la agencia para proteger a la niñez puertorriqueña. Aseguró que ADFAN continuará fortaleciendo sus recursos y elevando la calidad de los servicios especializados para garantizar que ningún menor enfrente estos procesos sin el acompañamiento adecuado.

Sobre la acreditación de la NCA

La National Children’s Alliance es la entidad acreditadora de los Centros de Defensa del Menor en Estados Unidos. Sus estándares requieren coordinación estrecha entre el sistema legal, los servicios de salud y el apoyo a víctimas, además de asegurar que los testimonios de los menores se obtengan en entornos neutrales y protegidos, utilizando prácticas fundamentadas en el manejo del trauma para reducir el impacto emocional y la revictimización.