Por Redacción AGR News
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El juicio por la muerte del biólogo marino Roberto Viqueira Ríos avanzó -hoy viernes- hacia su desenlace en el Tribunal de Ponce, donde Fiscalía y defensa presentaron sus argumentos finales ante el juez Ángel Llavona Folguera, quien podría emitir su determinación en cualquier momento.

Fiscalía insiste en que el acusado disparó primero

Las fiscales Limarí Cobián Lugo y Natalia Pizarro Pérez sostuvieron que la evidencia presentada durante el juicio demuestra que el acusado, Eduardo Meléndez Velázquez, abrió fuego contra su vecino durante una disputa que escaló violentamente en la urbanización Estancias de Yidomar en Yauco.

Según el Ministerio Público, los videos, audios y testimonios periciales apuntan a que Meléndez actuó con intención y no en defensa propia.

Defensa cuestiona la teoría del caso

El abogado Adán Rivera Ramos argumentó que la versión de Fiscalía contiene inconsistencias y que la prueba no sostiene un cargo de asesinato en segundo grado. La defensa insistió en que el acusado reaccionó ante una amenaza y que el análisis completo de la evidencia favorece una absolución o una reducción sustancial de cargos.

Hallazgos forenses discutidos

Aunque el desfile de prueba concluyó ayer, los argumentos de hoy retomaron los puntos más relevantes del testimonio del patólogo forense Carlos Chávez, quien explicó que Viqueira murió casi al instante por una herida de bala que afectó áreas críticas del cerebro.

La autopsia reveló:

  • Seis heridas de bala.
  • Seis fragmentos de proyectiles recuperados.
  • Todas las heridas fueron causadas a más de tres pies de distancia.
  • Un nivel de 0.19% de alcohol en el organismo del biólogo, evidencia admitida por el tribunal a solicitud de la defensa.

Ambiente controlado tras días de tensión

La sesión transcurrió sin incidentes, luego de que el juez advirtiera esta semana que no toleraría interrupciones tras episodios de tensión con familiares de la víctima.

Decisión podría conocerse hoy

Con los argumentos finales completados, el caso quedó oficialmente en manos del juez Llavona Folguera. Su determinación podría conocerse en cualquier momento, lo que pondría fin a un proceso seguido de cerca por la comunidad científica y ambiental del país.

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