Por Redacción AGR News
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La gobernadora Jenniffer González Colón firmó una nueva ley dirigida a acelerar los procesos de permisos en Puerto Rico, como parte de su política pública para fomentar la inversión y fortalecer el desarrollo económico. Además, vetó dos proyectos legislativos debido a sus implicaciones fiscales.

Ley 19-2026: Centralización de permisos en la OGPe

La nueva ley, derivada del Proyecto del Senado 79 y presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, junto al senador Héctor Gabi González, transfiere a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) la facultad de otorgar permisos relacionados con la extracción de arena, grava y piedra.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) conservará la responsabilidad de fiscalizar estos permisos, pero ya no será la entidad encargada de expedirlos. Tanto el DRNA como la Asociación de Minería respaldaron la medida, destacando que permitirá agilizar los trámites y armoniza con el Reglamento Conjunto 2023.

Resolución Conjunta 10-2026: Exención para finca en Las Marías

La gobernadora también firmó la Resolución Conjunta del Senado 105, que autoriza la liberación de restricciones impuestas por la Ley de Preservación de Tierras para Uso Agrícola (Ley 107-1974) sobre la finca La Trapa, en Las Marías.

La medida, impulsada por la senadora Jamie Barlucea, responde a la solicitud de los herederos de la propiedad, donde actualmente existen varias residencias. El cambio reconoce la transformación del área y permite que el uso del terreno se ajuste a su realidad actual.

Veto al Proyecto del Senado 631: Retroactividad cuestionable

González Colón vetó el Proyecto del Senado 631, que buscaba extender límites de responsabilidad civil e inmunidad a hospitales municipales o estatales, incluso si son administrados por entidades privadas.

La medida incluía una cláusula de retroactividad hasta 2015, lo que, según la gobernadora, podría afectar derechos adquiridos y provocar la desestimación de casos de impericia médica aún activos. Señaló que el Artículo 9 del Código Civil impide que una ley retroactiva perjudique derechos previamente establecidos.

Veto al Proyecto del Senado 685: Riesgo fiscal

El segundo veto recayó sobre el Proyecto del Senado 685, que proponía eximir del pago de contribuciones sobre ingresos a los Agentes Especiales Fiscales y Agentes de Rentas Internas por horas extras trabajadas.

La gobernadora reconoció la labor de estos servidores públicos, pero advirtió que aprobar la exención fuera del marco de una reforma contributiva integral aumentaría el riesgo fiscal. El Departamento de Hacienda estimó un impacto anual entre $343,000 y $373,000.

González Colón subrayó que la Legislatura evalúa actualmente la segunda fase de la Reforma Contributiva, por lo que otorgar beneficios aislados sin fuentes alternas de ingresos sería incompatible con el presupuesto certificado bajo la Ley PROMESA.

La mandataria insistió en que cualquier medida con impacto fiscal altera los escenarios de discusión legislativa y que lo responsable es esperar por el análisis completo de la reforma antes de considerar nuevas exenciones.