Por Redacción AGR News
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La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió -hoy lunes-, en ley dos medidas que buscan uniformar y precisar procedimientos en los tribunales del país, tanto en el ámbito penal como en el civil.

Ley 21-2026: Ajustes al cómputo de prisión por falta de pago de multas

La primera medida, la Ley 21-2026, surge del Proyecto del Senado 106, presentado por el senador Carmelo Ríos y coauspiciado por el senador Wilmer Reyes. Su objetivo principal es armonizar las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 con el Código Penal de 2012, particularmente en lo relacionado al cálculo de la prisión subsidiaria cuando una persona no puede pagar una multa impuesta por el tribunal.

La exposición de motivos destaca que uno de los mayores retos del sistema judicial es individualizar adecuadamente la pena para garantizar proporcionalidad e igualdad. Se señala que una multa puede tener un impacto muy distinto dependiendo de la capacidad económica del convicto, y que, en casos donde no se cumple con el pago o con el servicio comunitario impuesto, aplica el Artículo 57 del Código Penal, que permite convertir la multa en días de cárcel.

Con la nueva ley, el cómputo de prisión cambia de un día por cada dólar adeudado a un día por cada cincuenta dólares, alineándose así con el Código Penal vigente. Además, se enmiendan las Reglas 172 y 177 para asegurar que el proceso respete los derechos de las personas sentenciadas y permita excepciones contempladas en la Ley 34-2021 sobre la imposición de penas especiales.

Ley 22-2026: Criterios para la descalificación de abogados

La segunda medida firmada, la Ley 22-2026, corresponde al Proyecto de la Cámara 171, de la autoría del representante José “Pichy” Torres Zamora. Esta ley introduce claridad en los parámetros que deben guiar a los tribunales al momento de evaluar la descalificación de un abogado.

Actualmente, la Regla 9.3 de Procedimiento Civil permite sancionar o descalificar a un letrado por conducta disruptiva o por incumplir reiteradamente con sus deberes profesionales. Sin embargo, la norma no especificaba los criterios que el tribunal debía considerar al tomar esa determinación.

La nueva ley enmienda la regla para añadir esos criterios y evitar decisiones tomadas sin un marco de evaluación definido, fortaleciendo así la transparencia y la uniformidad en estos procesos disciplinarios.