Por Redacción AGR News
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El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) expresó su respaldo al Proyecto de la Cámara 908, una medida que busca imponer sanciones más severas —incluyendo multas de hasta $5,000— a los navegantes que desatiendan advertencias oficiales durante situaciones de emergencia y utilicen embarcaciones recreativas o vehículos similares.

Durante una vista pública de la Comisión de Recursos Naturales, presidida por la representante Elinette González Aguayo, el subsecretario del DRNA y comisionado del Cuerpo de Vigilantes, Nelson Cruz Santiago, destacó la urgencia de reforzar la responsabilidad en los cuerpos de agua ante el aumento de incidentes en los que ciudadanos ignoran alertas por condiciones atmosféricas peligrosas.

Cruz Santiago indicó que la medida “le da más garras” a las agencias de ley y orden, al permitir acciones más contundentes para disuadir conductas que han puesto en riesgo tanto a navegantes como a rescatistas.

Enmiendas propuestas por el DRNA

La agencia recomendó ajustes al proyecto para clarificar el proceso de imposición de costos y los criterios que justificarían dichas determinaciones. Entre las sugerencias, propuso añadir un inciso que establezca que cualquier persona que, con conocimiento de advertencias oficiales, incurra en conducta temeraria que provoque un rescate, deberá asumir los costos generados y podría enfrentar sanciones penales adicionales.

El DRNA también solicitó que el estatuto incluya un procedimiento uniforme para la notificación, custodia y transferencia de embarcaciones confiscadas, así como una definición clara de los derechos de los propietarios.

Además, insistió en que el lenguaje del proyecto incorpore la coordinación entre el DRNA, el Negociado para el Manejo de Emergencias (NMEAD), la Policía de Puerto Rico y, cuando corresponda, la Guardia Costanera, para garantizar una ejecución efectiva.

Multas, confiscaciones y ampliación del sistema de respuesta

La medida, presentada por el representante Víctor Parés Otero a petición del exlegislador Ángel Bulerín Ramos, establece multas iniciales entre $100 y $500 para quienes permanezcan en cuerpos de agua tras emitirse advertencias oficiales. En casos más graves, las sanciones podrían ascender a $5,000.

El proyecto también permitiría la confiscación de embarcaciones o vehículos de navegación utilizados durante emergencias, conforme a la Ley de Confiscaciones de 2011.

El DRNA recomendó, además, integrar al Cuerpo de Vigilantes al sistema 9-1-1, señalando que la Policía atiende cientos de llamadas mensuales relacionadas con incidentes en cuerpos de agua y que esta integración fortalecería la capacidad de respuesta.

Policía pide multas más altas y mayor alcance

El teniente Wilberto Pérez de la Torre, director de la División de Vigilancia Marítima de la Policía, también respaldó la medida y sugirió aumentar las multas a un rango de $500 a $1,000 para casos que involucren embarcaciones recreativas.

Asimismo, propuso que se incluya la facultad de multar a personas que se nieguen a desalojar áreas de bañistas tras emitirse avisos de condiciones adversas, aun cuando no estén utilizando embarcaciones.

Definiciones y costos de rescate

A preguntas de la representante Lisie Burgos Muñiz, la Lcda. Carla Marrero, ayudante del secretario del DRNA, recomendó definir el término “temeridad” para evitar ambigüedades en la aplicación de la ley.

Mientras, ante cuestionamientos de la representante Odalys González González, los deponentes señalaron que el reglamento deberá establecer cómo se calcularán los costos incurridos por las agencias durante los rescates.

González González subrayó la importancia de proteger a los rescatistas, quienes arriesgan su vida en cada intervención.

Próximos pasos

La presidenta de la Comisión, Elinette González Aguayo, adelantó que se celebrará una nueva vista pública en la que se citará al Departamento de Justicia, la Guardia Costanera y otras agencias para continuar evaluando la medida.

La legisladora enfatizó que el objetivo principal del proyecto es disuasivo: evitar que personas pongan en riesgo su vida y la de los rescatistas al ignorar alertas del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).