Por Redacción AGR News
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La Comisión de Gobierno del Senado evaluó en vista pública el Proyecto del Senado 973, una medida presentada por el presidente legislativo Thomas Rivera Schatz que propone crear la “Ley para la Protección Económica de Menores que realizan contenido digital monetizado”. El objetivo es establecer un marco legal que garantice la protección financiera de menores cuya imagen, voz o identidad generen ingresos en plataformas digitales.

El senador Ángel Toledo López, presidente de la Comisión, destacó que la legislación busca asegurar que parte del dinero producido por contenido donde participen menores quede reservado exclusivamente para ellos. “Se está buscando establecer la obligación de que se reserven ingresos de menores en un fondo a su favor, para que puedan utilizarlo cuando tengan la capacidad legal para hacerlo”, expresó.

La medida ordena que padres, tutores o encargados que administren contenido monetizado donde aparezcan menores depositen en un fideicomiso al menos el 30% del ingreso bruto generado. Ese porciento podría aumentar hasta 50% cuando el menor sea la figura principal o recurrente del contenido. Los fondos deberán manejarse a través de una institución financiera acreditada en Puerto Rico y solo podrán retirarse cuando la persona cumpla 21 años, salvo autorización judicial.

Al alcanzar esa edad, el joven tendrá derecho a recibir la totalidad del dinero acumulado, reclamar judicialmente ingresos no depositados conforme a la ley y solicitar la eliminación del contenido en el que participó durante su minoría de edad, siguiendo los procesos establecidos con las plataformas digitales.

El proyecto define como contenido digital monetizado todo aquel que genere ingresos directos o indirectos, incluyendo anuncios, suscripciones, patrocinios, promociones, enlaces de afiliación o ventas de mercancía. También aclara que la ley no aplicará a apariciones incidentales en noticias o documentales, actividades educativas sin fines de lucro ni presencia esporádica en espacios públicos sin monetización atribuible al menor.

Durante la vista, la doctora Zayana Figueroa, en representación de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, respaldó la intención del proyecto, pero recomendó incluir regulaciones sobre el tiempo de exposición y las condiciones de grabación. Sugirió facultar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para establecer límites diarios de grabación y edición, evitando que estas actividades afecten el descanso, el rendimiento escolar o el tiempo recreativo del menor.

Además, propuso que los programas educativos contemplados en la medida integren un enfoque de resiliencia emocional, orientando a padres y cuidadores sobre el impacto que métricas como “likes” o seguidores pueden tener en la autoestima de los menores. También recomendó mecanismos de fiscalización con las plataformas digitales y la implementación de filtros de comentarios para proteger la salud emocional de los participantes.

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), representada por la doctora Greisa Ramos, coincidió en la necesidad de incluir disposiciones que promuevan el bienestar emocional, como evaluaciones periódicas y acceso a apoyo psicológico. El Departamento de la Familia, por su parte, apoyó la medida, aunque recomendó asignar presupuesto para implementar los programas educativos propuestos.

La presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, Zoimé Álvarez Rubio, advirtió que el fideicomiso es una figura compleja y recomendó evaluar alternativas, señalando además la ausencia de definiciones claras como “institución financiera acreditada” o “cuenta protegida”. La senadora María de Lourdes Santiago Negrón preguntó sobre la posibilidad de utilizar otros tipos de cuentas existentes, a lo que el asesor legal de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, José Carrasquillo, respondió que lo más adecuado sería añadir la definición de “cuenta protegida” al proyecto.

Álvarez Rubio añadió que los bancos podrían diseñar productos de depósito que cumplan con los fines de la medida, siempre que la legislación establezca claramente quién fiscalizará el cumplimiento de los requisitos relacionados con los ingresos del menor.

El senador Toledo López solicitó a las agencias comparecientes documentación adicional sobre los posibles efectos psicológicos de la participación constante de menores en contenido monetizado. Durante la discusión, planteó un escenario hipotético para ilustrar su inquietud sobre la posible dependencia emocional o conductual.

“Imaginemos que un niño empieza a ver que el programa está generando más likes y más dinero, y entonces ya no quiere jugar con sus compañeros o hermanos porque quiere estar pegado a la computadora. ¿Hasta qué punto podemos estar creando un problema psicológico y mental?”, cuestionó.

La Comisión continuará evaluando la medida y las recomendaciones presentadas antes de emitir un informe final.