Por Redacción AGR News
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El Departamento de Justicia y la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) formalizaron este lunes un acuerdo interagencial dirigido a fortalecer la atención y protección de adultos mayores víctimas de delito, en respuesta al aumento de casos reportados en varias regiones del país.

El convenio, firmado por la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, y la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Yolanda Varela Rosa, permitirá integrar y coordinar servicios entre la Unidad Especializada de Maltrato de Adultos Mayores, la Oficina de Compensación a Víctimas y Testigos de Delitos y el proyecto PROVIEN de la OPPEA. La meta es que las personas de edad avanzada reciban orientación, apoyo y asistencia legal de forma más rápida y en un solo punto de servicio.

Gómez Torres destacó que la iniciativa responde a la política pública de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón. “La protección de nuestros adultos mayores es una prioridad. Este acuerdo acerca los servicios a las fiscalías, agiliza la respuesta y garantiza que ninguna persona mayor estará sola en su búsqueda de justicia”, afirmó.

Por su parte, Varela Rosa subrayó que la alianza permitirá llevar personal especializado directamente a las fiscalías. “Queremos asegurar que cada adulto mayor víctima de delito reciba atención sin dilaciones y con la sensibilidad que requiere. Nuestro compromiso es sumar capacidades y estar presentes donde más se nos necesita”, sostuvo.

El director estatal de AARP Puerto Rico, José R. Acarón, celebró la iniciativa al señalar que promueve un enfoque más humano e integral. “Es vital dejar de ver al adulto mayor únicamente como víctima y reconocerlo como una persona que necesita múltiples servicios, no solo los relacionados a su caso”, expresó.

Como parte de la implementación, cuatro coordinadores de Programas para Envejecientes de la OPPEA serán asignados a las fiscalías de Bayamón, San Juan, Ponce y Aguadilla, regiones que han registrado un aumento significativo en delitos contra adultos mayores. Estos ofrecerán servicios dos días por semana desde las sedes fiscales, mientras que otras jurisdicciones podrán coordinar apoyo mediante los técnicos de servicios a víctimas.

El personal de la OPPEA brindará orientación sobre calidad de vida, recursos disponibles, referidos a servicios especializados y asistencia con programas de nutrición en el hogar. También colaborará en procesos de órdenes de protección y otros trámites civiles que requieran acompañamiento.

El acuerdo establece mecanismos para compartir estadísticas, informes y documentación de casos, además de desarrollar adiestramientos conjuntos para continuar especializando al personal de ambas agencias.

Los referidos serán canalizados por el Ministerio Público o por las Oficinas de Asistencia a Víctimas y Testigos. La OPPEA dará seguimiento a cada caso y mantendrá comunicación con Justicia, garantizando la confidencialidad de la información.

El convenio no representa gastos para ninguna de las agencias. Justicia proveerá los espacios y recursos necesarios en las fiscalías, mientras que la OPPEA cubrirá los costos del personal de PROVIEN mediante fondos federales asignados bajo la Victims of Crime Act (VOCA).

Para información adicional, las personas interesadas pueden comunicarse con la Oficina de Compensación a Víctimas y Testigos de Delitos al 787-721-2900, extensión 1347, o escribir a smiranda@justicia.pr.gov.