Por Redacción AGR News
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El Departamento de la Familia (DF) y el Departamento de Salud (DS) recomendaron enmiendas a la Ley sobre la Política Pública del Cuidado Informal de 2023, con el objetivo de facilitar que más cuidadores familiares puedan inscribirse en el Registro de Cuidadores Informales y acceder a los apoyos necesarios para atender a adultos mayores bajo su cuidado.

La propuesta surgió durante la discusión del Proyecto de la Cámara 1093, presentado por la representante Odalys González González, que busca crear la Ley de Cuidadores Familiares en Puerto Rico y establecer un registro oficial adscrito al DF para fortalecer la figura del cuidador familiar dentro del sistema de cuidado informal.

En una vista pública de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar, presidida por el representante Ricardo “Chino” Ocasio Ramos, la directora de asuntos legales del DF, Lcda. Nicole Báez Ortiz, señaló que gran parte de lo planteado en el proyecto ya está contemplado en la Ley 82-2023, que creó el registro vigente. Advirtió que aprobar una nueva medida con disposiciones similares podría generar duplicidad legislativa.

Báez Ortiz explicó que, aunque existe un registro voluntario, solo 37 de 170 solicitudes han sido aprobadas. Atribuyó el bajo número al costo asociado con la certificación requerida bajo la Ley 300-1999, que exige la verificación de credenciales e historial delictivo para proveedores de servicios a menores y personas con impedimentos.

“Debemos evaluar alternativas junto al Departamento de Salud, porque este proceso tiene un costo y el cuidador informal no recibe compensación por atender a su familiar”, sostuvo la funcionaria, quien recomendó fortalecer la Ley 82 en lugar de crear un nuevo marco legal.

El Departamento de Salud, representado por el analista de política pública Luis Abdiel Burgos, respaldó el proyecto, pero condicionó su apoyo a que se mantenga coherencia con la legislación vigente. Burgos recordó que tanto cuidadores informales como familiares no reciben remuneración, aunque estos últimos podrían estar empleados y la ley actual les garantiza protecciones laborales mientras brindan cuidados.

Posturas similares fueron presentadas por el director estatal de AARP Puerto Rico, José Acarón Rodríguez, quien advirtió que el proyecto duplica disposiciones ya establecidas en la Ley 82-2023. La Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada también se opuso, argumentando que el tema ya está atendido por la normativa vigente.

El presidente de la Comisión, representante Ocasio Ramos, acogió las recomendaciones del DF y expresó su intención de reunir a todas las partes para evaluar posibles enmiendas. Su meta, afirmó, es asegurar que los cuidadores informales puedan registrarse y recibir las herramientas necesarias para desempeñar su labor con mayor apoyo y bienestar.