Por Redacción AGR News
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La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes inició este martes la evaluación del Proyecto de la Cámara 1107, una medida que propone aumentar la regulación y los requisitos educativos para ejercer la plomería en Puerto Rico. La pieza legislativa, presentada por el representante Víctor Parés Otero, plantea múltiples enmiendas a la ley que rige la Junta Examinadora de Maestros y Oficiales Plomeros y al Colegio que agrupa a estos profesionales.

Durante la vista pública, el presidente del Colegio de Maestros y Oficiales Plomeros, José López, advirtió que la estructura actual de grados dentro de la profesión es insuficiente y no establece una distinción clara entre un oficial y un maestro plomero. Según explicó, esta falta de definición ha permitido que algunos maestros se limiten a “vender” su firma sin realizar trabajos en el campo.

López también señaló un desbalance en la profesión: abundan los oficiales, pero escasean los maestros. A su juicio, esto responde a la ausencia de mecanismos que incentiven el ascenso profesional. Por ello, el Colegio y la Junta Examinadora presentaron un proyecto alterno con cambios específicos en las definiciones y requisitos de cada categoría.

Parés Otero, quien preside la Comisión de Gobierno, sostuvo que el país enfrenta una “crisis” por la disminución de plomeros licenciados y las dificultades para formar nuevos profesionales. Afirmó que las enmiendas propuestas buscan establecer un marco regulatorio más claro, tanto en la estructura de grados como en el sistema de educación continua.

Entre los cambios sugeridos se encuentra elevar de 16 a 18 años la edad mínima para tomar el examen de ayudante de plomero, categoría equivalente a aprendiz. Además, se propone reducir de 9 a 8 las horas anuales de educación continua requeridas en el ciclo de cuatro años para renovar la licencia.

No obstante, el Departamento de Estado expresó reservas sobre el modelo de formación propuesto. La agencia cuestionó que, además de aumentar la edad mínima, se exija un diploma de escuela superior y la aprobación de un curso de al menos 1,000 horas antes de que el aspirante pueda comenzar a trabajar. La secretaria de Estado, Rosachely Rivera, advirtió que estos requisitos podrían convertirse en una barrera para personas de escasos recursos.

El proyecto también contempla que la licencia de ayudante tenga una vigencia de dos años y no pueda renovarse, lo que obligaría al aspirante a continuar su desarrollo profesional. Estado solicitó que la medida se ajuste a la política pública de flexibilizar la regulación ocupacional, especialmente en un escenario donde existen 1,094 plomeros licenciados en la Isla, según datos del Colegio.

El gremio, por su parte, respaldó la creación de permisos provisionales para combatir el ejercicio ilegal de la profesión y favoreció la inclusión de licencias especializadas en áreas como sistemas de gases.

El Departamento de Educación también apoyó la medida, al considerar que facilita la integración entre la escuela superior, la educación técnica postsecundaria y el proceso de licenciamiento. El secretario Eliezer Ramos destacó que los programas de plomería a nivel escolar enfrentan retos de matrícula y retención, por lo que una estructura escalonada con requisitos claros podría fortalecer la formación vocacional. Asimismo, favoreció promover un grado asociado en plomería en instituciones postsecundarias.