Por Redacción AGR News
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La Federación de Pescadores y Defensores del Mar de Puerto Rico (FEPDEMAR) expresó satisfacción con el acuerdo alcanzado esta semana con el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, que permitiría a los pescadores continuar trabajando mientras se procesan las renovaciones de sus licencias, un trámite que puede extenderse hasta seis meses. Sin embargo, la organización reclamó que la autorización sea emitida por escrito y de manera oficial.

El presidente de FEPDEMAR, Miguel Ortiz Serrano, destacó que la situación es urgente debido al aumento en la demanda de pescado durante la Cuaresma. Recordó que el 24 de febrero sostuvieron una reunión con Quiles y su equipo, en la que el secretario se comprometió a buscar un mecanismo más ágil que una orden administrativa para permitir la pesca durante el proceso de renovación. Según Ortiz, el funcionario indicó que emitir una orden administrativa podría tardar hasta dos meses, aunque no ofreció una explicación clara sobre ese plazo.

Ramberto Hernández Hernández, presidente de la Asociación de Pescadores de La Parguera, señaló que la delegación acudió a la reunión con un borrador de orden administrativa preparado desde el 17 de febrero, con el objetivo de revisarlo y firmarlo de inmediato. El documento proponía autorizar la pesca mientras se evalúan las solicitudes de renovación y cancelar las multas impuestas a pescadores en ese periodo. No obstante, el borrador nunca fue discutido.

Ortiz Serrano relató que el jueves por la tarde Quiles le informó que, en lugar de una orden administrativa, instruiría al comisionado del Cuerpo de Vigilantes a no emitir multas. La Federación insistió en que esta directriz debe formalizarse por escrito para evitar conflictos en intervenciones en el mar o en procesos judiciales. Según Ortiz, la conversación terminó abruptamente cuando el abogado de la organización cuestionó la falta de voluntad para oficializar la medida.

La Federación reiteró que la publicación de la orden es esencial para que los pescadores puedan trabajar sin temor a sanciones o confiscaciones. “Las cosas tienen que estar claras y oficiales”, afirmó Ortiz, quien insistió en que la comunicación verbal no es suficiente para proteger a los trabajadores del mar.