Por Redacción AGR News
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La Comisión de Salud del Senado, encabezada por el senador Juan Oscar Morales, abrió hoy el análisis del Proyecto del Senado 971, una propuesta que crearía la Ley para la Regulación Integral de los Servicios Estéticos y Sueroterapia en Puerto Rico. La medida busca establecer un marco regulatorio uniforme para estos servicios y armonizar la legislación local con la de 48 estados que ya cuentan con controles formales sobre prácticas estéticas.

En la primera vista pública participaron Roberto Pérez Báez, presidente del Colegio de Especialistas en Belleza de Puerto Rico; Romary Rodríguez Rojas, presidenta de la Asociación Pro-Colegio de Esteticistas; y la profesora Glendaliz Alicea Rodríguez, del Gold Goddess Skin Institute.

El proyecto surge ante el aumento acelerado de centros de estética, “med spas” y negocios de sueroterapia que operan sin estándares mínimos. Morales advirtió que ha recibido informes sobre establecimientos clandestinos que funcionan sin supervisión profesional y que han provocado daños físicos severos a personas que buscan tratamientos económicos sin conocer los riesgos.

“No podemos permitir que la búsqueda de un tratamiento estético se convierta en una tragedia por la falta de supervisión profesional. Este proyecto pretende proteger la vida y la salud pública de nuestra gente”, expresó el senador.

La medida plantea requisitos estrictos sobre la preparación del personal, la infraestructura y el manejo de productos inyectables e intravenosos. Entre las disposiciones se incluyen áreas estériles obligatorias, equipo para emergencias y la supervisión directa de profesionales de la salud con licencia.

Morales recalcó que la intención no es limitar la actividad comercial, sino asegurar que los procedimientos se realicen en entornos seguros y con productos autorizados.

El proyecto también otorgaría al Departamento de Salud la autoridad para realizar inspecciones sin previo aviso y emitir órdenes de cese inmediato. Según la exposición de motivos, la falta de un marco legal ha permitido la proliferación de intervenciones con riesgos significativos, un asunto que ya ha sido señalado por agencias federales.

La Comisión de Salud ha investigado anteriormente la práctica ilegal de la dermatología bajo la Resolución del Senado 107. Morales sostuvo que el nuevo proyecto busca cerrar brechas legales similares en el campo de la medicina estética.

“Así como identificamos riesgos graves en la práctica ilegal de la dermatología, ahora atendemos las lagunas que permiten el ejercicio no autorizado de procedimientos estéticos”, afirmó.

El senador adelantó que las próximas vistas se enfocarán en el consentimiento informado y en la creación de un registro de complicaciones adversas. La propuesta contempla multas administrativas de hasta $10,000 por infracción, además de la revocación de licencias y el cierre permanente de establecimientos que incumplan.

“Estamos ante una situación crítica que requiere una intervención firme para asegurar que los servicios de salud estética en Puerto Rico cumplan con los más altos estándares de seguridad y transparencia”, concluyó Morales.