Por Redacción AGR News
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La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidida por el legislador Víctor Parés Otero, evaluó -hoy martes-, dos medidas dirigidas a establecer controles y mecanismos de transparencia sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en procesos electorales.

Durante la vista pública se discutió el Proyecto de la Cámara 877, que propone crear un protocolo para que los candidatos informen cuando hayan sido objeto de ataques o comunicaciones falsas generadas mediante IA. También se examinó el Proyecto del Senado 101, que busca enmendar la Ley de Fiscalización de Campañas Políticas y el Código Electoral para garantizar que los electores conozcan si un anuncio o propaganda fue producido con esta tecnología.

El contralor electoral, Walter Torres Martínez, expresó reservas sobre la pieza cameral, al señalar que los requisitos propuestos podrían representar cargas excesivas para los candidatos y, potencialmente, afectar la libertad de expresión.

Torres Martínez explicó que el proyecto obliga a los aspirantes a presentar informes jurados sobre comunicaciones creadas con IA sin su autorización, lo que podría exigirles certificar hechos que no conocen de primera mano. Además, advirtió que el proceso —que se atendería mediante informes trimestrales— no responde a la inmediatez con la que un contenido manipulado puede influir en el electorado.

El funcionario también alertó que exigir enlaces y descripciones juradas de los contenidos podría implicar costos adicionales para quienes pautan anuncios, lo que podría tener un efecto disuasivo sobre la expresión política.

El director ejecutivo de PRITS, Poincaré Díaz Peña, reconoció que la Asamblea Legislativa busca atender riesgos reales asociados a la creación y difusión de contenido manipulado mediante IA, un tema que también se discute a nivel federal y en múltiples jurisdicciones estadounidenses.

No obstante, aclaró que el Proyecto de la Cámara 877 no regula el uso de la tecnología en sí, sino la divulgación de contenido generado por terceros. Por ello, recomendó evaluar si es adecuado trasladar a los candidatos la responsabilidad de informar sobre material falso que desconocen.

Díaz Peña también sugirió que ambas medidas incluyan una definición más precisa del concepto de IA, específicamente delimitada a la inteligencia artificial generativa, para evitar cargas regulatorias innecesarias sobre herramientas automatizadas que no representan riesgo electoral.

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Jorge Rivera Rueda, indicó mediante memorial escrito que la implementación del Proyecto de la Cámara 877 recae en la Oficina del Contralor Electoral, por lo que cualquier requisito debe alinearse con sus procedimientos actuales para garantizar uniformidad.

Sobre el Proyecto del Senado 101, advirtió que la enmienda impacta disposiciones penales relacionadas con propaganda electoral, por lo que recomendó consultar al Departamento de Justicia.

Durante la vista, el representante José Aponte Hernández, autor del Proyecto de la Cámara 877, destacó que la intención de la medida es abrir un debate necesario sobre el impacto de la IA en la política, una tecnología que —recordó— lleva décadas en desarrollo pero que hoy presenta retos inéditos.

Por su parte, el representante Ángel Fourquet Cordero subrayó la importancia de discutir cómo regular conductas que pueden causar daños significativos a la reputación y al proceso democrático, sin menoscabar derechos constitucionales.

La representante Lourdes Ramos Rivera también participó en el análisis de las medidas.

El contralor electoral adelantó que, junto a PRITS, se trabaja en iniciativas educativas para ayudar al público a identificar contenido generado mediante IA y evitar caer en desinformación.

Las medidas continúan en evaluación mientras la Legislatura busca establecer un marco regulatorio que responda al acelerado avance tecnológico y a sus implicaciones en la integridad electoral.