Por Redacción AGR News
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El Departamento de Educación (DE) manifestó su oposición al Proyecto de la Cámara 1144, una medida que obligaría a los estudiantes del sistema público a utilizar mochilas transparentes como mecanismo de seguridad. La agencia advirtió que la propuesta podría tener efectos socioeconómicos significativos y representar riesgos para los derechos constitucionales de los alumnos.

Durante una vista pública de la Comisión de Asuntos de la Juventud, presidida por el representante Ensol Rodríguez Torres, varias agencias gubernamentales coincidieron en que la iniciativa podría afectar la intimidad, la libertad de expresión y la protección contra registros irrazonables en el entorno escolar.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos, señaló en su ponencia escrita que la medida requiere un análisis más profundo. Sostuvo que, aunque reconoce la intención de fortalecer la seguridad en los planteles, la propuesta debe evaluarse bajo criterios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad. También alertó que el proyecto no define si la compra de los bultos recaería sobre las familias o si el Estado asumiría el costo, lo que podría generar cargas económicas injustificadas.

La legislación fue presentada el 18 de febrero por Rodríguez Torres junto a los representantes Ramón Torres Cruz y Félix Pacheco Burgos. Los proponentes argumentan que las mochilas transparentes permitirían identificar de inmediato armas, objetos peligrosos, cigarrillos electrónicos y sustancias controladas, especialmente tras incidentes recientes en distintos municipios.

Rodríguez Torres defendió la medida al señalar que el tráfico de drogas, armas y dispositivos electrónicos ocurre dentro de las escuelas, y criticó la falta de estadísticas actualizadas por parte del DE. Según datos oficiales, en el año escolar 2022-2023 se registraron 23 incidentes relacionados con armas, 67 vinculados al uso o posesión de drogas y 351 casos de violencia escolar. En 2025, se reportaron ocupaciones de armas blancas y un caso en el que un menor llevó una pistola de calibre 9 milímetros en su mochila.

Aun así, el presidente de la comisión legislativa indicó que evaluará las preocupaciones presentadas y no descarta recomendar un informe negativo o retirar la medida si concluye que no es viable.

El representante Denis Márquez Lebrón solicitó el retiro del proyecto al considerar que contiene elementos punitivos y discriminatorios. Afirmó que el sistema público enfrenta necesidades más urgentes, como la reparación de columnas cortas y la atención a estudiantes de educación especial. “El mensaje que se envía es que el estudiante debe probar todos los días que no está violando la ley”, expresó.

Por su parte, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, recomendó explorar alternativas menos intrusivas antes de imponer el requisito de manera general. También sugirió considerar un proyecto piloto en un plantel o distrito escolar. Aunque Justicia enumeró posibles vulneraciones de derechos, concluyó que no existen impedimentos legales que bloqueen la aprobación de la medida. La Policía de Puerto Rico se acogió a las recomendaciones de las demás agencias.

En la audiencia también participaron las representantes Tatiana Pérez Ramírez, Lisie Burgos Muñiz y Yashira Lebrón Rodríguez, vicepresidenta de la Cámara.