Por Redacción AGR News
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La vicepresidenta del National Treasury Employees Union (NTEU), Katherine Montañez, exhortó a la Asamblea Legislativa a aprobar el Proyecto del Senado 844, una medida que establecería prórrogas automáticas en obligaciones financieras para empleados federales afectados por cierres del gobierno de Estados Unidos, como el ocurrido el pasado año, que se extendió por 43 días.

Durante una vista pública de la Comisión de Gobierno, presidida por el representante Víctor Parés Otero, Montañez afirmó que la legislación crearía “una estructura de protección uniforme y garantizada” que evitaría la interrupción de servicios esenciales, impondría moratorias automáticas en deudas, impediría reportes negativos al crédito y garantizaría acceso a asistencia nutricional y desempleo.

“Esto no es un favor, es justicia básica. Esta medida colocaría a Puerto Rico como la primera jurisdicción en ofrecer protecciones integrales y automáticas a empleados federales durante cierres gubernamentales”, sostuvo.

Montañez, empleada del Internal Revenue Service (IRS), recordó que el cierre de octubre pasado afectó a 10,500 trabajadores federales en la Isla: 8,500 quedaron sin empleo temporalmente y 2,000 continuaron laborando sin recibir salario.

Ulises Sánchez, presidente del capítulo 193 del NTEU, describió la situación como “inhumana”, señalando que quienes trabajaron sin paga no podían solicitar desempleo ni acceder a ayudas alimentarias por estar “técnicamente empleados”. Añadió que la crisis no solo afecta a los trabajadores, sino a toda la economía local, pues la pérdida simultánea de ingresos repercute en comercios, bancos y cooperativas.

Sánchez insistió en que el proyecto también beneficiaría a las instituciones financieras al ofrecer “certeza y estructura” en lugar de miles de casos individuales que atender durante un cierre.

La comisionada de la Oficina de Instituciones Financieras (OCIF), Mónica Rodríguez Villa, se opuso a la medida al argumentar que existen marcos federales —administrados por el Consumer Financial Protection Bureau— que ya regulan la modificación y manejo de préstamos hipotecarios y de consumo. Aseguró que una ley estatal no puede alterar términos financieros de préstamos regulados federalmente sin generar conflictos legales.

Rodríguez Villa advirtió que el proyecto presenta “incompatibilidades serias” con leyes federales como Truth in Lending Act, Real Estate Settlement Procedures Act y Fair Credit Reporting Act, además de riesgos para la estabilidad de las instituciones financieras supervisadas por OCIF.

La presidenta de la Asociación de Bancos, Zoimé Álvarez Rubio, coincidió en su rechazo y calificó la propuesta como “excesiva, irrazonable e innecesaria”. Recordó que, tras emergencias como el huracán María, la pandemia y el cierre federal de 2025, la banca local ha ofrecido asistencia voluntaria sin necesidad de legislación.

Álvarez Rubio informó que, desde el cierre federal, los bancos han orientado a 650 clientes con hipotecas —166 de ellos recibieron asistencia— y a más de 1,000 consumidores con productos personales, de los cuales 594 obtuvieron ayuda.

Aunque reconoció la necesidad de apoyar a los empleados federales, advirtió que imponer moratorias automáticas podría aumentar la morosidad y poner en riesgo los depósitos de los clientes.

El presidente de la Asociación de Bancos Hipotecarios, Carlos Del Valle Laboy, respaldó estas preocupaciones.

El representante José “Cheíto” Hernández Concepción expresó que la medida debe continuar en discusión para afinar posibles ayudas. Su homólogo Ángel Fourquet Cordero sugirió enmendar el proyecto para que las moratorias amplias requieran una determinación judicial previa, como ocurre en Delaware.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Parés Otero, adelantó que podrían convocarse agencias de servicios esenciales para continuar evaluando la medida.

En la vista también participaron los representantes Luis “Junior” Pérez Ortiz y Lisie Burgos Muñiz.