Por Redacción AGR News
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La Asociación de Alcaldes manifestó su rechazo a un proyecto legislativo que propone enmendar la Ley 107‑2020, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, para autorizar expresamente a los municipios a delegar funciones administrativas mediante alianzas público‑privadas (APP). El organismo planteó que la medida es innecesaria porque la ley vigente ya permite este tipo de acuerdos.

El asesor legislativo del grupo, Jaime García, sostuvo ante la Comisión de Asuntos Municipales que los municipios llevan años contratando servicios mediante APP sin impedimentos legales.

“Ya los municipios están llevando a cabo contratos de APP”, afirmó.

Señaló que el Código Municipal actual contempla esa facultad, por lo que “no vemos la necesidad de aclarar algo que ya está permitido”.

La Asociación recordó que la mayoría de los ayuntamientos mantiene acuerdos con empresas privadas para el recogido de basura, el manejo de estacionamientos y el mantenimiento de áreas verdes, escuelas y vertederos.

La medida, presentada por el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, busca especificar que los alcaldes pueden integrar al sector privado en áreas administrativas consideradas “críticas”, como finanzas, obras públicas e infraestructura de recursos humanos.

Navarro Suárez argumentó que existe una “laguna” en varios artículos del Código Municipal que debe corregirse para ampliar las herramientas de gestión de los municipios.

“Privatizar informática o recursos humanos no está claramente establecido. Esta medida lo expande”, sostuvo.

Añadió que cada municipio decidiría si privatiza o no, según su capacidad económica e infraestructura.

Aunque García reconoció que la intención del proyecto es positiva, reiteró que el Código ya permite estos acuerdos y expresó inquietud por la frecuencia con la que se modifica la ley.

“Este Código lleva cinco años y siete meses, y se ha enmendado 37 veces. No veo la necesidad de enmendarlo nuevamente”, puntualizó.

El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público‑Privadas (AAPP), ingeniero Josué Colón, coincidió en que los municipios ya están facultados para participar en APP bajo la Ley 29‑2009. En una ponencia escrita, advirtió que cualquier delegación municipal debe cumplir con los requisitos de esa ley y con la supervisión de la AAPP para garantizar uniformidad.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) también se excusó de la vista, pero señaló en un memorial que el proyecto carece del análisis de impacto fiscal requerido por la Ley 1‑2023 y el Plan Fiscal certificado.

El Departamento de Justicia, igualmente ausente, recomendó en su ponencia que la legislación precise el marco jurídico aplicable y armonice el lenguaje para evitar interpretaciones ambiguas.

El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Luis Pérez Ortiz, informó que la Federación de Alcaldes —que agrupa a los ejecutivos municipales del PNP— también fue citada, pero solicitó ausentarse.

Los representantes Pedro Santiago Guzmán y Sergio Estevés Vélez participaron de la audiencia.