Por Redacción AGR News
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico volvió a enfrentar tensiones internas luego de que la aprobación de nuevas enmiendas al Reglamento para la Evaluación de Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia reavivara el debate sobre los poderes de la Jueza Presidenta en la administración de la Rama Judicial.

Las expresiones públicas de varios jueces surgen mientras continúa en consideración legislativa el Proyecto del Senado 1096, presentado el 19 de febrero, que propone establecer un modelo de “coadministración judicial compartida”. La medida busca corregir lo que su autor describe como un “error histórico”, aunque los documentos del proceso constituyente no respaldan la existencia de un esquema de coadministración entre los jueces asociados y el juez presidente, sino que afirman que este último debe ser el jefe administrativo de la Rama Judicial.

En la resolución aprobada el jueves, la Jueza Presidenta Maite Oronoz Rodríguez y el juez asociado Ángel Colón Pérez advirtieron que las nuevas enmiendas entorpecen el funcionamiento de la comisión evaluadora y responden a un esfuerzo por “diluir los poderes” de la figura que preside el Tribunal. Ambos son los únicos miembros del Supremo nombrados por gobernadores del Partido Popular Democrático (PPD).

Del otro lado, cinco jueces designados por administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) respaldaron una expresión del juez asociado Rafael Martínez Torres, quien reiteró su postura de 2019: que la comisión debe responder al pleno del Tribunal y no exclusivamente a la Jueza Presidenta. En aquella ocasión, Martínez Torres afirmó que defendería ese principio para evitar que la Rama Judicial se administre “como si fuera una monarquía”. A su declaración se unieron Raúl Candelario López, Mildred Pabón Charneco, Erick Kolthoff Caraballo y Roberto Feliberti Cintrón.

Los jueces asociados Luis Estrella Martínez y Camille Rivera Pérez apoyaron las enmiendas, pero no suscribieron ninguna de las expresiones adicionales.

La comisión evaluadora ha experimentado modificaciones significativas desde 2019, entre ellas:

– aumento en el número de sus integrantes,

– transferencia al pleno del poder de nombrarlos,

– autorización para que jueces asociados participen con voz y voto en evaluaciones específicas,

– inclusión de jueces retirados del Supremo con las mismas facultades.

Este último punto abre la puerta a que exjueces activos en la práctica privada, como Edgardo Rivera García, puedan intervenir en evaluaciones de jueces ante los cuales sus clientes tengan o hayan tenido casos pendientes.

En 2019, la entonces jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez denunció que esos cambios representaban una “usurpación” de los poderes de la Presidencia de la Rama Judicial y los atribuyó a una agenda política de “banquete total”.

El Proyecto del Senado 1096 extendería el control del pleno del Supremo más allá de las comisiones, otorgándole facultad para realizar nombramientos en posiciones clave de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), incluyendo puestos jerárquicos bajo el juez administrador. La medida también eliminaría la figura del juez municipal para convertirlos a todos en jueces superiores.