Por Redacción AGR News
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La nueva contralora de Puerto Rico, Lcda. Carmen A. Vega Fournier, compareció ante la Cámara de Representantes durante la vista pública de presupuesto, donde defendió la asignación solicitada para el próximo año fiscal y presentó un plan de transformación institucional dirigido a fortalecer la eficiencia, la transparencia y el control interno en la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR).

Vega Fournier, quien juramentó el 21 de octubre de 2025, destacó que la propuesta presupuestaria responde a una estrategia de modernización digital y administrativa. Según explicó, el enfoque principal es optimizar procesos, reducir la dependencia de tareas manuales y mejorar la trazabilidad de las operaciones mediante nuevas herramientas tecnológicas.

Como parte de los esfuerzos de modernización, la contralora informó que la agencia impulsa la adquisición de una nueva sede y el desarrollo de proyectos tecnológicos que buscan robustecer la gestión fiscalizadora. Detalló que una porción significativa de los fondos solicitados se destina a gastos de infraestructura, incluyendo la reubicación de la sede institucional.

Actualmente, la OCPR paga alrededor de $2.3 millones anuales en renta por dos edificios en la zona bancaria de Hato Rey. La funcionaria señaló que la consolidación de operaciones en un solo edificio permitirá generar ahorros sustanciales y mejorar la eficiencia administrativa. Para este fin, se solicitaron $10,950,000 destinados a la remodelación y traslado al Empire Plaza Office Building en Río Piedras, dentro de un proyecto cuyo costo total se estima en $12,150,000.

Vega Fournier también anunció el desarrollo de una nueva página web que integrará el portal público y el interno, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y reorganizar la información institucional. A esto se suma un sistema mecanizado para el manejo de querellas y seguimiento de casos, que permitirá centralizar datos, automatizar procesos y agilizar los tiempos de respuesta.

Asimismo, la OCPR trabaja en un portal educativo dirigido a empleados públicos, agencias y municipios. La plataforma ofrecerá cursos, seminarios y materiales de referencia en formatos sincrónicos y asincrónicos, además de herramientas para registro, certificaciones y generación de informes. Según la contralora, esta iniciativa busca ampliar el alcance de la capacitación gubernamental y promover una aplicación uniforme de las normas fiscales.

Otro de los proyectos presentados es una herramienta integral de gestión de riesgos, diseñada para identificar, evaluar y monitorear riesgos institucionales, así como apoyar la toma de decisiones estratégicas.

La contralora informó que la solicitud global de la OCPR asciende a $40.5 millones en gasto de nómina para el año fiscal 2026, dentro de un presupuesto operacional mayor sometido a la Asamblea Legislativa. Indicó que el aumento en costos responde a ajustes en la plantilla, incrementos salariales, reclutamiento en áreas críticas y la implementación de proyectos de modernización tecnológica.

Estas inversiones, afirmó, están orientadas a mejorar la eficiencia operativa, reducir riesgos, optimizar procesos y fortalecer la función fiscalizadora de la agencia.

Durante la vista, también salió a relucir que por varios años existen contratos gubernamentales en reparo. Vega Fournier recordó que la Ley 18 de 1975 obliga a las agencias a remitir copia de sus contratos a la Oficina de la Contralora para fines de fiscalización y transparencia.

El incumplimiento con este requisito, explicó, constituye una deficiencia administrativa que puede afectar la validez y el desembolso de fondos públicos. No obstante, aclaró que la prestación de servicios bajo un acuerdo entre las partes no es automáticamente ilegal, aunque su cumplimiento queda sujeto a evaluación según los hechos y el marco legal aplicable.

La propuesta presupuestaria de la OCPR será evaluada por la Asamblea Legislativa como parte del proceso de aprobación del presupuesto para el próximo año fiscal.