Por Redacción AGR News
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La administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), María del Mar Mateu Meléndez, desmintió hoy interpretaciones difundidas en plataformas digitales que sugerían que los abuelos tienen una obligación general de asumir la pensión alimentaria de sus nietos. Según explicó, esa lectura es incorrecta y no refleja lo que dispone la ley en Puerto Rico.

Mateu Meléndez recalcó que la responsabilidad primaria de proveer alimentos a los menores recae siempre sobre los padres. Solo en situaciones excepcionales —como incapacidad física o mental de los progenitores, o cuando estos no pueden cubrir completamente las necesidades del menor— se evalúa la posibilidad de una obligación subsidiaria por parte de los abuelos.

“Esta figura legal no sustituye a los padres por incumplimiento o falta de relación. Es un mecanismo diseñado para proteger al menor en escenarios muy particulares”, puntualizó.

La administradora explicó que cualquier determinación sobre la participación de los abuelos se realiza de manera individualizada. El Código Civil establece que, si la persona llamada a prestar alimentos tiene 62 años o más, el tribunal debe considerar:

– Capacidad económica

– Edad

– Estado de salud

– Gastos médicos

– Responsabilidades familiares

– Otras circunstancias que puedan afectar su estabilidad financiera

La posible obligación no recae sobre un solo abuelo. El tribunal puede distribuirla entre los abuelos maternos y paternos, e incluso establecer responsabilidad solidaria, permitiendo que uno de ellos reclame la aportación correspondiente a los demás.

Mateu Meléndez aclaró que este tipo de pensión no se fija mediante las guías mandatorias usuales, sino mediante un análisis particular que busca equilibrar las necesidades del menor con la capacidad real de quienes podrían estar llamados a responder.

“La intención de la ley no es penalizar a los abuelos, sino asegurar que ningún menor quede desprovisto de lo necesario para su desarrollo. Se prioriza el interés del menor, pero también la dignidad y realidad económica de nuestros adultos mayores”, concluyó la administradora.