Por Redacción AGR News
agrnews1@gmail.com

La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió -hoy viernes-, en ley dos medidas dirigidas a mejorar el acceso a servicios gubernamentales para la comunidad sorda y a ampliar las alternativas educativas para víctimas de violencia doméstica y sus familias.

Las nuevas leyes —el Proyecto del Senado 802, ahora Ley 48, y el Proyecto del Senado 135, convertido en Ley 47— forman parte de la política pública de la administración para fortalecer la atención a poblaciones vulnerables.

Ley 48: Catálogo de Servicios para la Comunidad Sorda

La Ley 48 enmienda la Ley 22-2021 para ordenar la creación de un Catálogo de Servicios Gubernamentales para la Comunidad Sorda, que recopilará la oferta de servicios disponibles en las agencias del Gobierno de Puerto Rico.

La medida, presentada por la senadora Nitza Morán y coauspiciada por los senadores Rafael Santos, Jeison Rosa, Jaimie Barlucea, Héctor J. Sánchez, Brenda Pérez, Wilmer Reyes y Luis D. Colón, establece que el catálogo deberá publicarse en formatos accesibles, incluyendo lenguaje de señas, subtítulos y recursos visuales.

El desarrollo y mantenimiento del catálogo se coordinará con el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), siguiendo estándares de accesibilidad como los establecidos por el Americans with Disabilities Act (ADA). Las agencias, por su parte, estarán obligadas a mantener actualizada la información sobre sus servicios.

Ley 47: Más opciones educativas para víctimas de violencia doméstica

El P. del S. 135, de la autoría del senador Gregorio Matías y coautoría de los senadores Joanne Rodríguez, Jeison Rosa, Ada Álvarez Conde y Rafael Santos, enmienda la Ley de Reforma Educativa para añadir una nueva modalidad al Programa de Libre Selección de Escuelas.

La medida permitirá que víctimas de violencia doméstica puedan matricular o transferir a sus hijos a escuelas cercanas o de su preferencia, sin las limitaciones habituales del programa. También otorga prioridad en la concesión de certificados y flexibiliza criterios académicos, tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada familia y las recomendaciones de profesionales.

La ley garantiza, además, la confidencialidad de la información de las víctimas.

“La firma de estas leyes responde a nuestro deber de construir un gobierno más accesible, justo y sensible. Estamos atendiendo de manera concreta las necesidades de comunidades que históricamente han enfrentado barreras para acceder a servicios y oportunidades”, expresó González Colón.

Veto a otras medidas legislativas

La gobernadora también anunció el veto al P. del S. 708, que buscaba crear la “Ley de Horas Contacto para Padres, Tutores y Encargados en las Escuelas de Puerto Rico”. La medida imponía un mínimo obligatorio de interacción formal entre padres y la comunidad escolar, especialmente en casos de bajo aprovechamiento académico.

El veto respondió a que el proyecto contenía lenguaje ambiguo y podría generar referidos o sanciones injustas para familias en situaciones vulnerables. La administración destacó que ya existen mecanismos para fomentar la participación de los padres en el proceso educativo.

Asimismo, González Colón vetó la RCS 93, al considerar que era innecesaria, pues tanto la ACT como el DTOP cuentan con proyectos y planes vigentes para atender la PR-155 bajo la actual Orden Ejecutiva.