Por Redacción AGR News
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El Tribunal de Primera Instancia de San Juan desestimó la petición urgente presentada por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en el pleito legal contra LUMA Energy, en el que se cuestiona la validez de la extensión del contrato operativo firmada en 2022.

Las agencias solicitaban un entredicho provisional que obligara a LUMA a entregar documentos relacionados con dicho acuerdo, al alegar que la falta de acceso a esa información podría provocar “daños enormes e irreparables” al país. Sin embargo, el tribunal concluyó que no se cumplían los criterios legales necesarios para emitir una orden de emergencia sin antes celebrar una vista judicial.

En su determinación, el foro judicial señaló que los demandantes no lograron demostrar que existiera un riesgo inminente de pérdida de evidencia, una amenaza inmediata al sistema eléctrico, ni que hubieran agotado otras vías para obtener los documentos requeridos.

Esta acción judicial forma parte de la demanda radicada por el gobierno de Jenniffer González, que busca anular el contrato de LUMA Energy. Según el Ejecutivo, la extensión del acuerdo fue otorgada de forma irregular, sin cumplir con los procesos legales y administrativos correspondientes.