Por Redacción AGR News
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Representantes de varias agencias gubernamentales expresaron reservas ante el Proyecto de la Cámara 914, que propone que la primera infracción emitida a un pequeño negocio no conlleve multa, sino un aviso y un periodo de 30 días para corregir la falta. Aunque la intención legislativa busca aliviar cargas regulatorias, funcionarios advirtieron que la medida, tal como está redactada, podría generar conflictos con requisitos federales y afectar fondos públicos.

Durante una vista pública de la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios, la asesora legal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Lcda. Carmen Guillén, señaló que la propuesta podría colocar a las agencias en incumplimiento con mandatos federales.

Guillén citó como ejemplo la fiscalización que realiza la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) sobre comercios autorizados a procesar transacciones del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Explicó que las sanciones por ventas no autorizadas o transacciones fraudulentas responden a exigencias federales, no a discreción local.

La funcionaria insistió en que no todas las infracciones son equivalentes y que algunas, como el uso indebido de fondos públicos, requieren sanciones inmediatas por su función disuasiva. Advirtió que aplicar un aviso automático podría debilitar controles internos y enviar un mensaje de permisividad.

El presidente de la Comisión, representante Sergio Estévez Vélez, reconoció que la medida necesita revisiones y adelantó que se reunirá con el autor del proyecto para evaluar cambios. También acogió una solicitud de la representante Lisie Burgos Muñiz para que las agencias presenten, en cinco días laborables, un análisis del impacto presupuestario en aquellas que dependen de ingresos por multas.

El Departamento de Hacienda, mediante ponencia del secretario Ángel Pantoja Rodríguez, tampoco favoreció la medida. Argumentó que leyes contributivas y de contabilidad ya fueron enmendadas previamente para atender los objetivos que persigue el proyecto, y advirtió que las nuevas disposiciones podrían afectar la función fiscalizadora de la agencia.

En contraste, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Dr. Ramón Barquín III, apoyó la iniciativa y destacó que fortalecer la ley es vital para el desarrollo económico de pequeños y medianos comercios.

Barquín recomendó que la primera violación dentro de un año no conlleve sanción y que las agencias permitan a los comercios presentar planes de corrección, con la posibilidad de eliminar total o parcialmente la multa si cumplen. También propuso considerar el tamaño del negocio al imponer penalidades, limitar las multas a un máximo de $500 y garantizar procesos de apelación más ágiles, no mayores de 60 días.

El Departamento de Justicia, en ponencia de su secretaria, Lcda. Lourdes Gómez Torres, sostuvo que la medida promueve un balance adecuado entre fiscalización y justicia regulatoria. Afirmó que la propuesta fomenta un ambiente empresarial más accesible y orientado a la corrección antes que a la penalización inmediata.

El Proyecto de la Cámara 914, presentado por el representante Joe “Joito” Colón Rodríguez, enmendaría la Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio, permitiendo a las agencias modificar o condonar multas cuando las infracciones se corrijan oportunamente.