Por Redacción AGR News
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La gobernadora Jenniffer González Colón firmó dos nuevas leyes de su autoría dirigidas a fortalecer la rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos y a cerrar la puerta a la participación económica de entidades jurídicas extranjeras en el financiamiento político en Puerto Rico.

Ley 52-2026: Nuevo marco para reportar pérdidas e irregularidades en bienes públicos

La Ley 52-2026, derivada del Proyecto del Senado 438 y el Proyecto de Administración 21, establece la Ley de Notificaciones de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos y Propiedad Pública.

La medida crea un sistema regulatorio más estricto y digitalizado que obliga a las agencias a notificar a la Oficina del Contralor cualquier pérdida o irregularidad relacionada con fondos o bienes públicos.

El gobierno destacó que esta reforma sustituye un modelo “declarativo y débil” por uno con procesos claros y consecuencias concretas, con el fin de reforzar la transparencia y el uso responsable de los recursos del Estado.

Datos oficiales señalan que, en la última década, el Gobierno de Puerto Rico perdió más de $4.2 millones en propiedad pública extraviada o manejada de forma irregular por 81 entidades gubernamentales que incumplieron con la obligación de notificar al Contralor.

Ley 53-2026: Prohibición a la influencia económica de entidades jurídicas extranjeras

La segunda medida, la Ley 53-2026 —Proyecto del Senado 920 y Proyecto de Administración 95— enmienda la Ley 222-2011 sobre financiamiento de campañas políticas. Su objetivo es impedir que personas jurídicas extranjeras influyan, directa o indirectamente, en procesos electorales locales.

La legislación define como personas jurídicas extranjeras a aquellas organizadas, incorporadas o registradas fuera de Puerto Rico o de Estados Unidos, sin importar si operan en la isla. Estas entidades no podrán realizar donativos, crear comités de acción política, manejar fondos segregados ni efectuar gastos independientes con fines electorales.

La medida busca armonizar el marco legal local con prácticas adoptadas en otras jurisdicciones tras el precedente federal Citizens United v. FEC, que abrió la puerta a la participación corporativa en campañas políticas.

El texto legislativo subraya que el propósito es “garantizar que nuestro proceso electoral quede libre de toda influencia corporativa extranjera” y proteger el sistema democrático de intereses ajenos a las tradiciones y valores del país.