Por Redacción AGR News
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La Comisión de Turismo y Recursos Naturales del Senado celebró una vista pública para analizar el Proyecto de la Cámara 25, una medida que propone modernizar y aclarar la definición de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en Puerto Rico mediante criterios científicos, ambientales y jurídicos actualizados. La audiencia fue presidida por la vicepresidenta senatorial Marissa “Marissita” Jiménez Santoni, quien adelantó que podrían convocarse nuevas vistas y una mesa de trabajo para continuar recibiendo insumos de todos los sectores. En esta sesión participaron 15 deponentes.

La propuesta legislativa busca sustituir una definición que se remonta al siglo XIX, con el fin de precisar los límites entre el dominio público y la propiedad privada en las costas, fortalecer la protección ambiental y garantizar el acceso ciudadano a las playas para usos recreativos no comerciales. También persigue reducir la incertidumbre jurídica en los procesos de deslinde.

Agencias y sectores económicos respaldan la medida

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, apoyó el proyecto con recomendaciones técnicas. Afirmó que la medida no altera el acceso a las playas ni modifica la extensión del dominio público. “Este proyecto no le roba las playas a nadie. La diferencia es que los agrimensores tendrán data científica para hacer su trabajo a través de la NOAA”, sostuvo.

Quiles sugirió adoptar el término “servidumbre” para definir la franja de 20 metros y eliminar conceptos obsoletos como “salvamento” y “vigilancia”. Añadió que Puerto Rico continúa utilizando fundamentos del derecho español del siglo XIX, mientras España actualizó su marco legal en 1988, 2013 y 2022.

El agrimensor Marcos Colón, en representación del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), también respaldó la medida. Señaló que la definición vigente no establece parámetros técnicos claros para fijar el límite de la ZMT. A su juicio, el proyecto “reduce la indeterminación técnica que históricamente ha rodeado su aplicación” y promueve una administración más uniforme y transparente.

Durante la vista, Jiménez preguntó si la medida afectaría el acceso a las playas o reduciría el alcance actual de la ZMT. Quiles reiteró que no habría cambios sustantivos y que la actualización se limita a incorporar datos científicos para los deslindes.

Representantes del sector privado también favorecieron la medida. El licenciado Patricio Martínez, de la Asociación de Constructores e Industriales, describió el proyecto como una herramienta de “claridad jurídica” que beneficia tanto la protección ambiental como la seguridad de los derechos propietarios. De igual forma, el licenciado Ricardo Rolón, de la Federación de Alcaldes, destacó que la falta de definiciones claras ha generado controversias que afectan la planificación municipal y el desarrollo económico.

Organizaciones ambientales y académicos expresan oposición

Diversas organizaciones ambientales, comunitarias y académicas rechazaron la medida por entender que la definición propuesta podría limitar la protección costera y abrir la puerta a la privatización de áreas actualmente consideradas de dominio público.

El profesor José Maldonado Andreu, de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, advirtió que la definición basada en promedios mareográficos excluye fenómenos extremos y no responde a la realidad dinámica de las costas. Afirmó que una definición restrictiva “debilita la protección ambiental y el acceso ciudadano”.

Francisco Aquino, de Cambio por Puerto Rico, señaló que mientras otros países amplían sus zonas de protección costera, el proyecto adopta criterios que considera anclados en visiones antiguas y centradas en la propiedad privada. Sugirió crear una mesa de trabajo con expertos para revisar la medida.

La licenciada Amy Orta, del Resiliency Law Center, alertó que el proyecto no incorpora los efectos del cambio climático ni las marejadas ciclónicas, lo que —según indicó— subestima los riesgos para las comunidades costeras. Hernaliz Vázquez, del Sierra Club, insistió en que la medida impacta directamente a 44 municipios costeros y requiere un proceso de evaluación más amplio y participativo.

También expresaron oposición representantes de VIDAS, Arrecife Condado Inc., Amigxs del Mar, Murciélagos Beach Defender, Salvemos A Playuela y la doctora Mariela Declep.