Por Redacción AGR News
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La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, vetó tres medidas aprobadas por la Asamblea Legislativa al concluir que ninguna atendía adecuadamente su impacto fiscal o que, en algunos casos, resultaban incompatibles con los objetivos programáticos de su administración.

Veto al Proyecto del Senado 531

La medida buscaba ampliar el acceso de los pacientes a su información médica. Sin embargo, según el veto, su redacción impondría cargas operacionales y fiscales que podrían tener el efecto contrario al dificultar su cumplimiento por parte de las instituciones de salud.

El Ejecutivo estimó que la implementación requeriría entre $200,000 y $350,000 anuales en costos recurrentes. Además, el proyecto establecía un tope de $25 por la reproducción de expedientes médicos, cifra que, según la evaluación fiscal, no cubre los costos reales de producción.

“Esta administración no cierra las puertas a trabajar alternativas futuras con costos reales para atender el acceso a la información”, expresó la gobernadora en el documento de veto.

Veto al Proyecto del Senado 582

El segundo veto recayó sobre una medida que pretendía incluir a los oficiales del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales —activos, retirados y sus familias— como beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno.

El Ejecutivo concluyó que la propuesta carecía de un mecanismo de financiamiento adecuado y de estudios actuariales que garantizaran su sostenibilidad. Tanto el Departamento de Salud como ASES condicionaron su apoyo a la asignación de fondos adicionales, advirtiendo que la aportación patronal propuesta no sería suficiente para cubrir el costo real del beneficio.

La gobernadora destacó en el veto que reconoce la labor esencial de estos servidores públicos, pero subrayó que la medida “presenta serias consideraciones fiscales y programáticas que no pueden ser ignoradas”. Según el análisis, la mayoría de los beneficiarios terminaría siendo cubierta con fondos estatales, aumentando la presión sobre un sistema ya limitado.

Veto a la Resolución Conjunta del Senado 24

La resolución ordenaba evaluar la transferencia al Municipio de San Germán de los terrenos e instalaciones del Antiguo Centro de Transbordo del DRNA para desarrollar una planta de reciclaje.

El Ejecutivo rechazó la medida al señalar que el DRNA se encuentra en proceso de completar el Plan para el Manejo Integrado de los Desperdicios Sólidos, el cual incluye una evaluación integral de la infraestructura existente en la isla. Adelantar el traspaso antes de culminar ese análisis, según el veto, podría resultar inconsistente con los objetivos de planificación integrada y limitar la capacidad del Gobierno para optimizar el uso de sus recursos.