Por Redacción AGR News
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El Senado de Puerto Rico dio paso a dos proyectos de ley dirigidos a transformar aspectos clave del sistema de salud: la regulación de la carga laboral del personal de enfermería y la integración formal de los Nurse Practitioners como prescribientes autorizados. Ambas medidas fueron evaluadas previamente en vistas públicas por la Comisión de Salud, presidida por el senador Juan Oscar Morales Rodríguez.

El Proyecto del Senado 687, presentado por Morales Rodríguez, establece la “Ley de Patrón de Personal de Enfermería en las instituciones médico-hospitalarias de Puerto Rico”. La propuesta fija límites en la cantidad de pacientes asignados a cada profesional de enfermería, tomando en cuenta la agudeza del cuidado y la unidad donde se brinde el servicio.

El senador destacó que garantizar condiciones laborales adecuadas es esencial para la seguridad del paciente y la calidad del servicio. Durante la sesión legislativa se añadieron enmiendas para asegurar que las funciones asignadas correspondan al alcance de práctica permitido por ley y para permitir ajustes a la cantidad de pacientes según la condición clínica y el tipo de unidad. El Departamento de Salud tendrá 120 días para establecer la reglamentación correspondiente.

También fue aprobado el Proyecto del Senado 757, impulsado por los senadores Thomas Rivera Schatz, Joanne Rodríguez Veve y José Luis Dalmau Santiago. La medida modifica la “Ley de Farmacia de Puerto Rico” y la “Ley para Regular la Práctica de la Enfermería” para reconocer a los Nurse Practitioners como prescribientes autorizados mediante acuerdos colaborativos con médicos.

El proyecto fue fortalecido con enmiendas que requieren revisiones periódicas de expedientes por parte del médico colaborador y que obligan a los planes médicos a credencializar a estos profesionales en un plazo máximo de 90 días, siempre que cumplan con los requisitos legales.

Según expresó el presidente de la Comisión de Salud, la integración de estos profesionales con facultad de prescripción representa un avance para ampliar el acceso a servicios, especialmente en áreas de atención primaria y manejo de condiciones crónicas.

Ambas medidas incluyen protecciones contra represalias para empleados que exijan el cumplimiento de las disposiciones y establecen penalidades para instituciones que incumplan con los patrones de personal o los plazos de credencialización.

Tras su aprobación en el Senado, los proyectos pasan ahora a la consideración de la Cámara de Representantes.