Por Redacción AGR News
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La Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes, presidida por el legislador del Distrito 26, Josean Jiménez, llevó a cabo una vista pública para evaluar el Proyecto de la Cámara 1158, conocido como la “Ley para la Protección y Acompañamiento de Menores en Eventos Deportivos”. La medida, presentada por la representante Estrella Martínez Soto y coauspiciada por la vicepresidenta cameral, Yashira Lebrón Rodríguez, propone establecer por ley el derecho de un adulto responsable a entrar gratuitamente a todo evento deportivo en el que participe un menor de edad, siempre que se celebre en instalaciones deportivas gubernamentales.

Durante la audiencia, realizada en el Salón de Audiencias Número 2 (Santiago Polando Abreu), comparecieron el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), el Departamento de Justicia (DJ) y la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico (AEP), quienes presentaron sus posturas y recomendaciones sobre la medida.

Según el proyecto, el objetivo principal es eliminar la barrera económica que representa el pago de admisión para padres, madres, tutores o custodios, además de garantizar supervisión directa del menor y una respuesta inmediata ante cualquier emergencia médica o disciplinaria. La pieza legislativa también establece sanciones para quienes incumplan con la disposición, incluyendo multas administrativas entre $500 y $1,000, así como la posible suspensión o revocación del permiso de uso de la instalación pública.

El DRD endosó la medida, aunque recomendó enmiendas relacionadas con la fiscalización tarifaria. La agencia advirtió que, al eliminarse el cobro de entrada para el adulto acompañante, algunos promotores podrían trasladar ese costo al precio de inscripción del atleta, lo que afectaría a las familias. Su análisis se fundamentó en la doctrina parens patriae, que reconoce la responsabilidad del Estado en la protección de los menores.

Por su parte, el Departamento de Justicia, representado por su secretaria, la licenciada Lourdes Gómez Torres, catalogó la intención legislativa como meritoria y presentó comentarios técnicos para fortalecer la redacción del proyecto.

Mientras, la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico expresó reservas constitucionales. Su presidenta, Emma Sulsona Gándara, y la directora ejecutiva, Wanda Ayala Torres, señalaron que ninguna política pública debe intervenir en la determinación de precios de entrada en torneos o espectáculos deportivos. Advirtieron que los organizadores podrían verse obligados a ajustar su estructura de costos para compensar la pérdida de ingresos por concepto de taquillas.

La AEP recomendó que el Departamento de Justicia evalúe la medida con mayor profundidad y que se soliciten opiniones adicionales a las agencias pertinentes.