Por Redacción AGR News
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En una contundente conferencia de prensa celebrada este lunes, la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado desglosó un «demoledor» expediente contra la actual Secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, denunciando un esquema de presunto enriquecimiento ilícito y favorecimiento a terceros que involucra un contrato de $60,000 mensuales por el cuidado de un solo participante.

Los legisladores de la pava exigieron la renuncia inmediata de la funcionaria o, en su defecto, que la gobernadora Jenniffer González Colón proceda con su destitución.

Un esquema de «favoritismo y presión»

Según la investigación presentada, los hechos se remontan a cuando Roig Fuertes dirigía la División de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud (DS). El portavoz de la delegación explicó que la funcionaria presuntamente gestionó un aumento en la compensación para el Hogar Hacienda Don Luis, elevando la partida de $29,424 a $60,000 mensuales por un paciente.

La condición para este incremento, según las denuncias, era que el administrador del hogar subcontratara a la empresa de seguridad One Source Investigations, LLC, presidida por Jesús Nadal, quien mantenía vínculos contractuales previos con Roig.

«Si esto no es corrupción, díganme ustedes ¿qué es?», cuestionó la portavoz alterna Marially González Huertas, al detallar cómo Roig supuestamente utilizó su puesto para beneficiar a una entidad privada sin que esta pasara por los procesos de contratación estatales.

Irregularidades bajo juramento

La senadora Ada Álvarez Conde reveló que no se trata de un incidente aislado. Según declaraciones juradas, un segundo administrador del hogar Brother’s Home también fue contactado por personal de One Source y por la propia Roig para imponer la misma empresa de seguridad con pagos que ascendían a $40,000 mensuales, dejando apenas un margen para el cuidado directo del paciente.

Incluso se señaló que Roig fue vista visitando centros de cuidado en el vehículo privado del presidente de One Source, lo que levanta serias dudas sobre su ética profesional.

Cuestionan el archivo del caso en Justicia

Uno de los puntos más críticos discutidos fue la decisión del Departamento de Justicia de archivar la investigación el pasado 30 de octubre de 2025. La delegación denunció que:

Justicia no entrevistó a los testigos clave ni a los administradores de los hogares que prestaron declaraciones juradas ante Salud.

El actual Departamento de Justicia se ha negado a entregar el expediente de la investigación solicitado por el Senado.

Existe un posible conflicto de interés con el Lcdo. Carlos Padín, quien ha representado a One Source, a la propia Roig en investigaciones de Salud y actualmente posee un contrato de $6,000 mensuales en el Departamento de la Familia.

Acciones legislativas y exigencias

Ante la negativa de las agencias de proveer información, el portavoz Hernández Ortiz anunció que radicarán una moción para que el Senado acuda a los tribunales para exigir la entrega de los documentos de Justicia y Salud.

Las exigencias de la delegación popular son claras:

1. Renuncia o destitución de Suzanne Roig Fuertes.

2. Reapertura inmediata de la investigación por parte de la Secretaria de Justicia, Lourdes Gómez.

3. Claridad pública por parte de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) sobre el estatus de los referidos contra la secretaria.

«Suzanne Roig sabía que era investigada y guardó silencio en su proceso de evaluación. El pueblo merece transparencia y respeto», concluyó Hernández Ortiz.