Por Redacción AGR News
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En un avance significativo para la comunidad de salud en la Isla, la gobernadora Jenniffer González Colón, convirtió en ley una medida impulsada por el representante del Distrito 23, Ensol Rodríguez, diseñada para mejorar la calidad de vida de quienes padecen de lupus.

La ahora Ley 63 de 2026 surge de una petición ciudadana directa, buscando aliviar las barreras físicas que enfrentan estos pacientes. Con esta legislación, se busca ofrecer un entorno más accesible y seguro para una población que convive con una condición autoinmune compleja y, a menudo, debilitante.

Beneficios clave de la Ley 63

La nueva normativa introduce enmiendas críticas a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, estableciendo lo siguiente:

Acceso a estacionamiento: Los pacientes con diagnósticos de lupus (ya sea sistémico, cutáneo o discoide) ahora son elegibles para solicitar el rótulo removible de estacionamiento para personas con impedimentos.

Protección ante rayos UV: La medida reconoce que la cercanía a los puntos de entrada es vital, ya que la exposición prolongada al sol puede exacerbar los síntomas y causar brotes severos en estos pacientes.

Inclusión integral: La ley abarca todas las modalidades de la condición, asegurando que nadie quede fuera del beneficio por tecnicismos médicos.

Un acto de justicia social

El representante Rodríguez destacó que este logro legislativo es una respuesta directa al diálogo con sus constituyentes.

«Convertir este proyecto en ley es un acto de justicia y sensibilidad. Reafirma nuestro compromiso de escuchar y actuar a favor de quienes enfrentan retos de salud monumentales», señaló el legislador.

Implementación y plazos

Para asegurar que el beneficio llegue a los ciudadanos lo antes posible, la ley establece un marco de ejecución estricto:

Reglamentación: El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) tiene la encomienda de desarrollar y adoptar los reglamentos necesarios para la emisión de estos rótulos.

Término: La implementación completa deberá estar lista en un periodo no mayor a 120 días.

Con esta acción, Puerto Rico se encamina hacia una política pública más humana, reconociendo las necesidades específicas de los sectores más vulnerables del sistema de salud.