Por Redacción AGR News
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La Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) divulgó -hoy viernes-, un informe sobre las operaciones fiscales y administrativas del Negociado de la Policía de Puerto Rico —entonces adscrito al Departamento de Seguridad Pública (DSP)— durante el periodo del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2025.

La Contralora, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, informó que la auditoría, reveló unas  deficiencias en el manejo de ingresos provenientes de servicios policiacos a entidades públicas y privadas, almacenamiento de armas, donativos federales, operaciones conjuntas y otros conceptos.

“La seguridad pública también exige disciplina fiscal, controles administrativos rigurosos y absoluto cumplimiento con las normas que rigen el manejo de fondos públicos”, afirmó Vega Fournier al presentar los hallazgos.

Durante el período auditado, el Negociado registró 2,489 comprobantes de remesa con 5,834 recibos oficiales, que totalizaron $145.4 millones en recaudos. Para la auditoría se evaluaron 20 comprobantes que incluían 333 recibos por $11.9 millones.

Entre las irregularidades señaladas se encuentran:

– Empleados que manejaron valores sin contar con nombramientos válidos del Departamento de Hacienda.

– Emisión de 18 recibos manuales no oficiales por $5,290, utilizando formularios internos no autorizados.

– Falta de control sobre la numeración y registro de recibos.

– Depósitos tardíos que variaron entre 1 y 29 días.

– Recibos oficiales preparados días o semanas después de recibir los valores; algunos depósitos se hicieron hasta 82 días antes de emitir los recibos.

– Inconsistencias entre fechas de hojas de depósito y registros en el sistema SIRAT.

– Una hoja de depósito ilegible y 247 recibos fuera de secuencia.

La OCPR advirtió que estas fallas comprometen la confiabilidad del proceso de recaudación y aumentan el riesgo de errores o uso indebido de fondos.

El DSP reconoció la necesidad de revisar los procesos, pero subrayó que no se identificaron pérdidas de dinero público y que todos los fondos fueron depositados y registrados correctamente. Indicó además que ya designó recaudadores sustitutos, implantó el uso de recibos oficiales y comenzó adiestramientos al personal.

El Negociado de la Policía, por su parte, señaló que muchos de los señalamientos ocurrieron bajo la estructura centralizada del DSP y que las recomendaciones se integrarán al proceso de transición establecido por la Ley 83-2025, que le otorga autonomía administrativa y fiscal.

El informe también revela problemas en el área de cuentas por cobrar. Al cierre del periodo auditado, el Negociado mantenía 985 casos por un total de $980,233.

La auditoría encontró que una misma empleada realizaba tareas de facturación, cobro y registro de pagos, funciones que debieron estar separadas para garantizar controles internos adecuados.

La OCPR recordó que una situación similar ya había sido señalada en un informe previo (DA-15-41).

El DSP respondió que la falta de personal dificultó la segregación de funciones, pero aseguró que ya inició una evaluación de tareas, aprobó nuevos puestos y analiza herramientas tecnológicas para mejorar la supervisión y el seguimiento de casos.

La Contralora recomendó al superintendente de la Policía reforzar la supervisión de las operaciones de recaudación, garantizar que el personal cuente con nombramientos válidos, exigir el uso exclusivo de recibos oficiales, asegurar depósitos diarios, mantener exactitud en SIRAT y separar adecuadamente las funciones de facturación, cobro y registro.

“La rendición de cuentas no se limita a detectar fallas; también procura corregir procesos, fortalecer instituciones y proteger el interés público”, concluyó Vega Fournier, exhortando a las agencias a implantar las recomendaciones con prontitud.