Por Redacción AGR News
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En medio del análisis del presupuesto gubernamental para el año fiscal 2026-2027, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Eddie Charbonier Chinea, alertó sobre posibles desbalances fiscales en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) debido a la incertidumbre que rodea la cancelación del contrato con la empresa Physician Correctional y al desconocimiento de la agencia sobre su gasto real.

Durante las vistas públicas celebradas este miércoles, el secretario del DCR, Francisco Quiñones, confirmó que, mientras se completa la transición hacia un nuevo proveedor, la agencia deberá continuar pagando $11.7 millones anuales para que Physician Correctional mantenga sus servicios de salud a la población correccional. No obstante, el funcionario no pudo precisar cuánto tiempo tomará la salida de la compañía, que además administra una asignación separada de aproximadamente $55 millones para el Programa de Salud Correccional.

Charbonier Chinea advirtió que la situación podría comprometer otras prioridades presupuestarias del DCR.

“La preocupación de esta comisión es en cuanto a costos. Costos que, por culpa de una mala decisión… nos dañen otros planes que pueda haber”, expresó. Añadió que un eventual pleito legal o la contratación de un proveedor más costoso podría obligar a enmendar el presupuesto recién aprobado.

El legislador también mostró reservas sobre la posibilidad de que el DCR necesite fondos adicionales para cubrir gastos relacionados con la disputa judicial vigente contra Physician Correctional o para asumir los costos de un nuevo contrato.

Quiñones explicó que, una vez se seleccione la nueva empresa, el proceso de transición “puede tomar meses”, por lo que Physician Correctional está obligada a continuar ofreciendo servicios clínicos durante ese periodo. Aseguró que, pese a las irregularidades señaladas en el pasado, la compañía opera bajo “los más altos estándares” de cuidado.

El secretario informó además que el comité evaluador entregó el 3 de abril un informe preliminar con las propuestas de 10 compañías interesadas en asumir el contrato. Ocho de ellas presentaron ofertas para cubrir todos los servicios que actualmente brinda Physician Correctional, incluyendo atención física y mental para adultos y menores bajo custodia.

El representante Gabriel Rodríguez Aguiló, presidente de la Comisión de Salud, solicitó copia del borrador y de los datos de las empresas evaluadas. También adelantó que convocará vistas públicas para examinar el proceso de transición.

“Yo quiero tener claro cuáles son esas 10 compañías, quiénes son los dueños de esas compañías y si tienen a algún representante que esté haciendo las gestiones por ellos frente a Corrección”, sostuvo.

Durante la vista, el DCR presentó una petición de aumento presupuestario de $49.8 millones con cargo al Fondo General. La solicitud total asciende a $489.9 millones, de los cuales $274.5 millones se destinarían a nómina y $157.8 millones a gastos operacionales.

Quiñones explicó que la partida de nómina permitirá atender necesidades de reclutamiento, ascensos y supervisión en instituciones de adultos y centros juveniles. También cubrirá el aumento salarial de $19 millones otorgado al cuerpo de oficiales correccionales en el año fiscal vigente.

Entre las prioridades para el próximo año fiscal, el secretario destacó la instalación de cámaras de seguridad, la contratación de personal crítico, la remodelación de la institución Ponce Máxima y el pago de obligaciones retroactivas.

“Las proyecciones para el año fiscal 2026-2027 buscan alcanzar una administración con visión estratégica, prudencia, compromiso con la seguridad pública y la rehabilitación efectiva. Cada asignación presupuestaria al DCR impacta directamente la protección de la ciudadanía”, afirmó.