Por Redacción AGR News
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El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) por el Distrito 14, Edgar Robles Rivera, levantó serias objeciones sobre los costos asociados a los llamados carriles exclusivos o carriles reversibles, al tiempo que anunció un requerimiento formal de información dirigido a Metropistas y a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

La solicitud surge como parte de la investigación ordenada bajo la Resolución de la Cámara 105, que busca examinar la fijación de precios, tarifas y prácticas que afectan directamente al consumidor puertorriqueño.

Robles Rivera, quien preside la Comisión de Asuntos del Consumidor, explicó que el requerimiento incluye detalles sobre el contrato de concesión, el proceso de determinación de tarifas y la participación del gobierno en dichas decisiones. También se pidió información sobre posibles penalidades por incumplimiento y la fiscalización del sistema de peajes dinámicos.

“Es indispensable que se explique cómo se establecen las tarifas, si se están cumpliendo los términos contractuales y qué mecanismos existen para proteger al consumidor”, sostuvo el legislador.

El análisis abarca las autopistas bajo el acuerdo de concesión, entre ellas la PR‑5, PR‑20, PR‑22, PR‑52, PR‑53, PR‑66 y el Puente Teodoro Moscoso, todas utilizadas por miles de conductores a diario.

Robles Rivera destacó que uno de los puntos más sensitivos es el funcionamiento del carril dinámico (DTL) en tramos de la PR‑22 y PR‑52, cuyas tarifas pueden fluctuar entre $1.95 y $5.85 en cuestión de minutos, dependiendo del volumen de tránsito.

“Aquí el consumidor no puede estar a ciegas. La gente tiene que saber cuánto va a pagar y por qué lo está pagando”, afirmó.

El representante insistió en que la fiscalización es un deber ineludible del gobierno: “Nuestro deber es claro: exigir transparencia y asegurarnos de que cada cobro sea justo y conforme a lo establecido. Esto no es complicado; es respeto al ciudadano que todos los días paga por usar estas vías”.

Las gestiones, subrayó, buscan un solo objetivo: proteger al consumidor y garantizar que el sistema de peajes opere con claridad, justicia y responsabilidad.