Por Redacción AGR News
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Una declaración jurada del empresario Sebastián Carazo Forastieri sostiene que la compañía familiar Allied Fleet Services fue objeto de un patrón de persecución y multas excesivas por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), alegadamente motivado por conflictos personales ajenos a la operación del negocio.
Según el documento, Carazo Forastieri afirma que las acciones regulatorias surgieron luego de la ruptura de su relación sentimental con Natalia Castiel, insinuando que la intervención de la agencia dejó de ser un asunto estrictamente administrativo para convertirse en un ejercicio de hostigamiento.
El declarante asegura que, aunque inicialmente los señalamientos parecían parte de un “chisme” o disputa privada, la situación escaló hasta convertirse en un proceso formal que, a su juicio, afectó injustificadamente a la empresa. La declaración plantea que las multas y requerimientos emitidos por OCIF fueron desproporcionados y no respondían a violaciones reales dentro de la operación de Allied Fleet Services.
Hasta el momento, la OCIF no ha reaccionado públicamente a las alegaciones contenidas en la declaración jurada.







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