Por Redacción AGR News
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La gobernadora Jenniffer González Colón -hoy martes-, convirtió en ley una medida dirigida a precisar los estándares de legitimación en controversias relacionadas con permisos, mientras que vetó dos proyectos adicionales por preocupaciones de política pública, privacidad y cumplimiento fiscal.

Ley 82-2026 | Proyecto de la Cámara 310

Autores: Jorge Navarro Suárez y Luis “Joseán” Jiménez Torres

La nueva Ley 82-2026 enmienda la Ley 161-2009, que rige el proceso de permisos en Puerto Rico, con el fin de establecer criterios más claros sobre quién puede impugnar permisos o decisiones administrativas bajo el Artículo 14.1.

La medida dispone que las impugnaciones no podrán basarse únicamente en alegaciones de incumplimiento legal o reglamentario si la parte promovente no demuestra un daño particular. Con ello, se busca reforzar un estándar más definido de legitimación, reducir litigios frívolos y promover mayor uniformidad en la aplicación de la Ley de Permisos.

La ley también fortalece los mecanismos para solicitar la revocación de permisos cuando estos hayan sido obtenidos mediante información falsa o incorrecta que haya inducido a error a la agencia correspondiente. No obstante, aclara que errores procesales subsanables que no representen un daño inminente no serán base para este recurso extraordinario. Además, requiere la comparecencia de partes indispensables en estos procesos.

Otro componente de la medida modifica disposiciones del Código Municipal para flexibilizar ciertos usos en suelos rústicos especialmente protegidos, siempre bajo criterios técnicos y ambientales específicos. También incorpora nuevas reglas sobre clasificación de terrenos y requisitos de fianza para solicitudes de paralización de proyectos.

Según la exposición de motivos, estos cambios buscan brindar mayor certeza jurídica y facilitar el desarrollo de proyectos de construcción de gran escala, promoviendo así el crecimiento económico sostenido.

Veto al Proyecto de la Cámara 153

La gobernadora vetó la medida que crearía la “Ley Habilitadora para Implantar el Plan de Alerta Hero”, destinada a activar alertas públicas en casos de veteranos desaparecidos.

El veto se fundamentó en preocupaciones sobre el derecho a la privacidad, ya que la implementación del sistema requeriría divulgar información altamente sensitiva, incluyendo posibles condiciones físicas o mentales de la persona desaparecida. Según la mandataria, esto podría fomentar estigmatización y discrimen hacia la población veterana al asociarla con vulnerabilidad o inestabilidad.

El Ejecutivo también señaló que Puerto Rico ya cuenta con múltiples sistemas de alerta para desapariciones basados en criterios objetivos de riesgo, por lo que los veteranos ya están protegidos sin necesidad de crear una categoría separada.

Veto al Proyecto del Senado 625

La gobernadora también vetó el PS 625, que proponía reducir la cantidad de estudiantes asignados por maestro en las clases de educación física mediante enmiendas a la Ley 85-2018, conocida como la Ley de Reforma Educativa.

Aunque la medida no representaría un impacto fiscal inmediato, el Departamento de Educación advirtió que cambios en matrícula, personal o estructura escolar podrían generar efectos presupuestarios y operacionales que deben evaluarse conforme a los requerimientos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

La JSF exige que toda política relacionada con organización escolar y asignación de recursos sea sometida a su evaluación previa. Implementar la medida sin ese análisis podría resultar incompatible con el Plan Fiscal certificado. Además, el proyecto imponía parámetros rígidos que, según el Ejecutivo, limitarían la flexibilidad administrativa necesaria para atender las realidades particulares de cada escuela.