Por Redacción AGR News
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La Contralora, Carmen A. Vega Fournier, reveló un informe de Auditoría OC-26-28, en el que se documentan múltiples deficiencias en los procesos fiscales, de contratación y administración de fondos públicos del Área Local de Desarrollo Laboral Guaynabo–Toa Baja. La evaluación abarcó el periodo del 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2024 y examinó el uso de recursos asignados bajo la ley federal Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA).

“La fiscalización pública no es solo revisar números. Implica garantizar transparencia, controles internos adecuados y cumplimiento estricto con la ley. Cada dólar federal y estatal debe administrarse con responsabilidad”, afirmó Vega Fournier.

La auditoría examinó 80 facturas por $342,964 y determinó que ninguna tenía el sello de “Pagado”, un control básico para evitar duplicidad de desembolsos. Además:

– 5 facturas por $23,775 carecían de certificaciones requeridas.

– 4 facturas por $15,775 no incluían la firma del proveedor.

– En pagos vinculados a 8 contratos, no se realizaron las retenciones contributivas correspondientes a 3 contratistas, por un total de $1,281, afectando ingresos del Departamento de Hacienda y exponiendo a la entidad a penalidades.

Entre 2020 y 2024, los comités responsables evaluaron 893 propuestas en 18 reuniones. Sin embargo, la OCPR encontró:

– Ausencia de evidencia formal de las puntuaciones otorgadas.

– Evaluaciones realizadas a lápiz sin quedar archivadas oficialmente.

– 13 minutas sin indicar el total de propuestas recibidas.

– 15 minutas sin justificar aprobaciones o rechazos.

– Un contrato de $20,000 adjudicado a una propuesta con menor puntuación sin explicación válida.

La auditoría también reveló que durante 30 meses el Comité Ejecutivo operó sin la composición reglamentaria, llegando a tener solo uno o dos miembros con derecho al voto, aun cuando aprobó 615 propuestas en ese periodo.

En un contrato de adiestramiento por $10,000, solo se obligaron inicialmente $5,000, generando una insuficiencia presupuestaria. Los fondos restantes se obligaron después de haberse iniciado los pagos.

La Contralora advirtió que esta práctica puede provocar déficits y comprometer la operación si no existen fondos disponibles al momento de asumir obligaciones.

El informe señala la ausencia de cláusulas esenciales y certificaciones obligatorias en varios expedientes contractuales, lo que evidencia debilidades adicionales en los controles de cumplimiento y contratación.

El informe incluye un comentario especial sobre un caso pendiente ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.

Por su parte, la gerencia del Área Local atribuyó varias de las situaciones a prácticas internas, uso del sistema SAP, notas preliminares no oficiales y limitaciones operacionales. Indicó que ya comenzó a implantar medidas correctivas como:

– Hojas de cotejo

– Nuevas directrices documentales

– Refuerzo de procesos de evaluación y archivo

Recomendaciones de la OCPR

Entre las acciones recomendadas se destacan:

– Fortalecer los controles internos

– Documentar adecuadamente todos los procesos de contratación

– Garantizar la composición reglamentaria de los comités

– Realizar retenciones contributivas conforme a ley

– Obligar los fondos antes de formalizar contratos

– Revisar expedientes para asegurar que incluyan todas las cláusulas y certificaciones requeridas

“Exhortamos a la gerencia del Área Local de Desarrollo Laboral Guaynabo–Toa Baja a atender con prontitud cada recomendación para proteger los recursos públicos y fortalecer los servicios a la ciudadanía. De igual forma, a que nos envíen el plan correctivo y sus respectivos logros”, concluyó Vega Fournier.