Por Redacción AGR News
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La Comisión Especial que evalúa el Proyecto de la Cámara 1213 —legislación dirigida a reformar el sistema de permisos en Puerto Rico— continuó ayer sus vistas públicas con la participación de varios gremios del sector comercial, los cuales expresaron su apoyo a la medida, aunque presentaron recomendaciones para fortalecerla.

La Asociación de Constructores de Puerto Rico presentó una ponencia en la que propuso enmiendas para armonizar el proyecto con la Ley 100-2025, que revisó los parámetros aplicables a la vivienda de interés social y de clase media. Su presidenta, Pinsy Rivera, subrayó que la efectividad de la nueva Oficina Central de Permisos (OCP) dependerá de contar con personal especializado.

“Una ley excelente, implementada con recursos insuficientes, produce resultados mediocres”, advirtió al insistir en la contratación de ingenieros, inspectores, científicos ambientales, planificadores y expertos en infraestructura energética, vial y de agua potable.

Rivera también defendió un sistema escalonado de permisos basado en la complejidad e impacto ambiental de cada proyecto. Propuso:

– Registro automático para obras sin impacto o de carácter menor.

– Permisos generales con condiciones preestablecidas para proyectos con impacto “no significativo”, con un término de 14 días para la concurrencia de la OCP.

– Permisos individuales de hasta 180 días para obras de impacto significativo o proyectos supra regionales.

La líder gremial alertó, además, sobre la ausencia de topes claros para las exacciones por impacto, lo que —según dijo— podría permitir que municipios y agencias impongan cargos desproporcionados. A su juicio, esto reintroduciría la incertidumbre que la reforma busca eliminar.

Aun así, sostuvo que la discusión legislativa representa “una ventana única” para atender un sistema donde, según estimó, el 55 % de la construcción ocurre fuera de los procesos formales.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico coincidió en la urgencia de aprobar una reforma al sistema de permisos. Su presidenta, Margaret Ramírez, describió la propuesta de la OCP como un mecanismo para combatir la duplicidad de trámites que históricamente ha frenado el desarrollo económico.

Ramírez destacó que los retrasos en permisos elevan costos de financiamiento, materiales y mano de obra, por lo que reducir los términos de evaluación impactaría positivamente la competitividad de la Isla. Añadió que la aprobación del proyecto enviaría un mensaje de certeza al mercado local e internacional.

Entre sus recomendaciones, sugirió excluir del proyecto la delimitación de la zona marítimo-terrestre y atenderla en legislación separada, como el Proyecto de la Cámara 25, para evitar que se convierta en un punto de conflicto.

La Asociación de Industriales también respaldó la intención del proyecto, al señalar que contiene elementos que podrían impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos. Sin embargo, su vicepresidenta, Karen Mojica, advirtió que la medida requiere ajustes para garantizar que la agilidad prometida se traduzca en resultados comparables con jurisdicciones competidoras.

El gremio recomendó:

– Disposiciones transitorias con calendarios definidos.

– Plazos legales vinculantes con consecuencias automáticas.

– Mayor uso de profesionales autorizados.

– Un capítulo especial para proyectos industriales estratégicos.

– Transparencia total en requisitos y criterios.

– Claridad en la jerarquía normativa.

– Protección de derechos adquiridos y permisos en trámite.

“La modernización del sistema de permisos es una necesidad impostergable”, afirmó Mojica, al insistir en que la implementación debe ser rigurosa para evitar riesgos a la estabilidad regulatoria y a la inversión industrial.

El representante Joel Franqui Atiles, presidente de la Comisión Especial, reiteró que el proyecto será enmendado para que “todos los sectores se sientan identificados y protegidos”, en línea con expresiones previas del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

Franqui Atiles agradeció las recomendaciones de los gremios y aseguró que la meta es evitar que la reforma se convierta en “una burocracia más”.