Por Redacción AGR News
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Una medida legislativa que busca imponer un seguro de responsabilidad obligatorio a las embarcaciones de motor en Puerto Rico que enfrentó múltiples reservas por parte de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y otras agencias, que advirtieron sobre posibles impactos administrativos y financieros para la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC).

El Proyecto de la Cámara 1156, presentado por el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez y coautorado por el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez, propone establecer una cubierta básica de responsabilidad pública a un costo “razonable y uniforme”. La legislación prohibiría renovar el registro o navegar sin esta póliza. La medida excluye daños causados por negligencia crasa, como operar bajo los efectos del alcohol.

Navarro Suárez, presidente de la Comisión de Banca, Seguros y Comercio, destacó la falta de información precisa sobre cuántas embarcaciones cuentan actualmente con seguro. “Ni el gobierno ni la industria saben con certeza cuántas embarcaciones en Puerto Rico están aseguradas. Esa falta de data es parte del problema que esta medida viene a corregir”, afirmó.

La comisionada de la OCS, Suzette Del Valle, recomendó realizar un estudio actuarial para determinar una prima adecuada y evaluar si la ASC tiene la capacidad de administrar un riesgo distinto al de los vehículos terrestres. Señaló que este análisis debe incluir la disponibilidad de mercado en la línea marítimo-terrestre y la estructura de reaseguro necesaria para proteger la solvencia del sistema.

“Estos elementos son esenciales para que el modelo propuesto sea operacionalmente viable, financieramente sostenible y compatible con la infraestructura existente de la ASC”, sostuvo Del Valle.

La presidenta de la ASC, Nereida Carrero, coincidió con las preocupaciones y advirtió que la cubierta contemplada en el proyecto es mucho más amplia y compleja que la del seguro compulsorio automotriz. Mencionó que límites de hasta $100,000 para remoción de naufragios, así como coberturas por lesiones físicas y daños ambientales, representan una exposición de severidad “incompatible” con el seguro uniforme que administra la entidad.

Carrero alertó que los altos límites podrían traducirse en primas tan elevadas que harían inviable el cumplimiento por parte de los dueños de embarcaciones, frustrando el objetivo legislativo.

Navarro Suárez defendió la medida al señalar que, aunque existen pólizas aprobadas para embarcaciones, no hay un estatuto que obligue a los propietarios a mantener un seguro vigente. Añadió que, según la Guardia Costera de Estados Unidos, en 2024 se registraron 3,887 accidentes de embarcaciones, con 2,170 personas lesionadas y 556 muertes. Uno de cada seis fallecimientos estuvo relacionado al consumo de alcohol.

La comisión legislativa también evaluó el Proyecto de la Cámara 787, del representante José Aponte Hernández, que persigue el mismo fin e incluiría motocicletas acuáticas, balsas de motor, veleros con motor y lanchas de cualquier clase, conforme a la Ley 430-2000.

“Hay que crear discusión sobre el asunto. Es tan importante como lo fue hace 26 años crear una ley que brindara protección a los dueños de embarcaciones”, expresó Aponte Hernández.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) reconoció la intención “loable” de ambas medidas, pero recomendó aclarar la definición de embarcación y precisar qué aseguradoras participarían del esquema propuesto. La agencia recordó que en Puerto Rico existen alrededor de 90,000 embarcaciones registradas.

Por su parte, la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE) rechazó la aprobación de la medida, sumándose a las preocupaciones sobre su viabilidad.