Por Redacción AGR News
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En un esfuerzo por estabilizar las finanzas públicas y actualizar el marco legal de la isla, la gobernadora Jenniffer González estampó su firma en cinco medidas legislativas —incluyendo dos de su propia autoría—, mientras que aplicó el veto a otros seis proyectos que amenazaban la salud fiscal del gobierno al carecer de fuentes de financiamiento.

La Mansión Ejecutiva informó que las nuevas leyes buscan modernizar la administración pública y eliminar estatutos obsoletos, mientras que los vetos responden a la necesidad de proteger el presupuesto actual de cargas económicas imprevistas.

Nuevas leyes para la salud, la justicia y las finanzas

Entre las medidas que ya son leyes del país tras la firma de la mandataria el pasado 18 de mayo, destacan reformas en el sector de la salud y el sistema financiero gubernamental:

Atención a condiciones raras (Ley 83-2026): Originada por el representante Jerry Nieves Rosario, esta ley oficializa el 30 de junio como el “Día de Concienciación sobre la Artrogriposis Múltiple Congénita (AMC) en Puerto Rico”. El Departamento de Salud deberá coordinar campañas educativas para visibilizar este síndrome neuromuscular congénito y promover la inclusión.

Cierre definitivo del BGF (Ley 84-2026): Un proyecto de la propia administración de González que viabiliza la reorganización y disolución de las subsidiarias inactivas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), tales como la Autoridad de las Navieras y la Autoridad de Teléfonos. Sus funciones de asesoría fiscal quedan absorbidas por la AAFAF, y se redefine a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda como una corporación pública independiente.

Rigidez penal frente a delitos graves (Ley 85-2026): Impulsada por el liderato senatorial de Thomas Rivera Schatz, esta enmienda sintoniza la Ley de Sentencia Suspendida con el Código Penal vigente y la Ley de Armas. El estatuto prohíbe explícitamente el beneficio de la probatoria a convictos por agresión sexual, violación, secuestro agravado, pornografía infantil y ciertas infracciones de armas.

Modernización de datos clínicos (Ley 86-2026): Otra propuesta de la gobernadora que crea la Ley para Promover y Establecer el Intercambio de Información de Salud de Puerto Rico. La medida busca conectar los sistemas locales con las normativas federales de interoperabilidad de la ASTP y los CMS, optimizando el cuidado médico y reduciendo costos. El Programa de Medicaid administrará esta plataforma de intercambio de datos (PRHIE), garantizando a los pacientes el derecho a excluirse voluntariamente.

Protección a la vejez (Ley 87-2026): Esta enmienda a la Carta de Derechos de los Adultos Mayores corrige fallas técnicas de proyectos anteriores. Faculta a los tribunales a otorgar tutelas temporales inmediatas mediante órdenes de protección para ancianos en riesgo, bajo un principio de intervención mínima y respeto a su autonomía.

Control del gasto: Las razones detrás de los vetos

La gobernadora sostuvo una postura firme contra legislaciones que requerían desembolsos de fondos públicos no contemplados en el Plan Fiscal o que chocaban con la neutralidad presupuestaria.

«La aprobación de medidas sin fuentes de ingresos recurrentes trastocaría la salud fiscal de la isla, la cual esta administración está estabilizando», se desprende de la posición ejecutiva.

Dentro de los vetos expresados, figuran dos proyectos de la Cámara evaluados a mediados de mayo: El PC 437, que pretendía desviar el 35% de los recaudos de rótulos y anuncios hacia los municipios (lo que hubiese restado unos $350,000 anuales al desarrollo económico central sin aval presupuestario), y el PC 909, destinado a crear un fondo para la seguridad acuática y guardavidas que no definía la procedencia de su financiamiento y cuyas correcciones no fueron aceptadas a tiempo por la Asamblea Legislativa.

Finalmente, el 18 de mayo se sumaron cuatro vetos adicionales:

PC 593 (Transparencia en Compras): Aunque validó la intención del proyecto, el Ejecutivo lo vetó tras un informe de PRITS que alertó sobre complicaciones técnicas y la falta de integración con el nuevo sistema centralizado Enterprise Resource Planning (ERP) que implementa el gobierno.

RCC 96 (Infraestructura en Vega Baja): Se determinó que obligar al DTOP a ensanchar un tramo de la carretera PR-670 comprometía recursos ya asignados para otras obras viales, violando la neutralidad fiscal.

RCC 181 (Bicentenario de Aibonito): Rechazada debido a la oposición del propio alcalde de la municipalidad, William Alicea Pérez, y de agencias de tránsito que consideraron el nombre propuesto demasiado extenso para la seguridad de la intersección.

RCS 125 (Programa de Neurodivergencia): Una propuesta para adultos neurodivergentes adscrita al Departamento de la Familia que no prosperó debido a que la falta de fondos recurrentes ponía en riesgo otros servicios esenciales de la agencia.